En una decisión judicial que sacudió el panorama político y judicial de Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se enfrentará a dos nuevos juicios orales que amenazan con reavivar viejas polémicas y desafíos legales para una de las figuras políticas más influyentes del país.

09/19/2023. La primera acusación que deberá enfrentar es por lavado de dinero, relacionada con el caso Hotesur-Los Sauces, mientras que la segunda se relaciona con la firma del pacto secreto con Irán, en un controvertido intento de beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos involucrados en el ataque terrorista de la AMIA en 1994, un trágico suceso que dejó 85 muertos.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Además, Máximo Kirchner, hijo de Cristina Fernández de Kirchner, también deberá enfrentar juicio en el caso de lavado de dinero, mientras que su hija Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa.

El núcleo de la acusación en el caso de lavado de dinero gira en torno a la presunta recepción de retornos por parte de los Kirchner de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, como compensación por sus actividades comerciales amparadas por el Estado. Esta acusación ya ha llevado a la condena de Lázaro Báez a 10 años de prisión por lavado de dinero en el caso conocido como «La Ruta del Dinero K», una sentencia que ha sido ratificada por la Casación. Además, Báez fue condenado junto con Cristina Kirchner en el caso Vialidad, que estableció que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Báez se benefició de obras públicas en Santa Cruz que lo hicieron millonario.

En contraste, Cristóbal López fue absuelto en el caso de Oil Combustibles, en el que se cuestionaba cómo obtuvo beneficios fiscales de la AFIP mientras no pagaba millones en impuestos a los combustibles. Sin embargo, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue condenado a cuatro años de prisión en ese mismo caso.

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En lo que respecta al caso del Memorándum con Irán, ahora enfrentarán juicio el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el senador Oscar Parrilli, el dirigente de La Cámpora y ministro bonaerense Andrés Larroque, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros. Esta causa se originó a partir de la denuncia realizada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman, quien murió en circunstancias controvertidas días antes de presentar su denuncia. La Justicia considera su muerte como un asesinato.

Además de los juicios a Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha generado gran atención mediática es la decisión de apartar a los jueces del tribunal oral que habían sobreseído a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, aunque no se tomó la misma medida con Adriana Palliotti, quien había votado en disidencia.

En cuanto al proceso por el pacto con Irán, los jueces Barroetaveña y Petrone también apartaron a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez, argumentando que habían emitido opiniones sobre la prueba y el fondo del caso. A pesar de la decisión de los fiscales, que desistieron de apelar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, los querellantes, representados por familiares de las víctimas del ataque a la AMIA y la DAIA, llevaron adelante la apelación que finalmente condujo a esta resolución.

El debate central en ambas causas gira en torno a si se presentaron pruebas nuevas después de la elevación a juicio que demostraran de manera evidente que no era necesario llevar a cabo el juicio oral. Los jueces argumentaron que los motivos para finalizar prematuramente un caso deben basarse en pruebas nuevas que indiquen claramente la ausencia de delito, en la promulgación de una ley más indulgente o en otros principios constitucionales que justifiquen la suspensión del juicio.

En el caso de Hotesur y Los Sauces, las defensas alegaron que un peritaje del cuerpo forense que depende de la Corte demostró que todos los movimientos de la empresa Los Sauces estaban debidamente documentados a través de cheques o transferencias bancarias. Argumentaron que esta evidencia refutaba las acusaciones de que los alquileres de las propiedades de los Kirchner eran una simulación en blanco. Los jueces de la Casación consideraron que los argumentos de los jueces Obligado y Grünberg carecían de fundamento en pruebas novedosas.

En el caso de Florencia Kirchner, los jueces destacaron su temprana edad en el momento de la presunta formación de la asociación ilícita que se le atribuye y su limitada participación en cargos públicos y actividades empresariales. Sostuvieron que su autonomía personal estaba significativamente restringida y que no tenía un poder real de decisión en los negocios familiares, que según argumentan, habrían sido definidos por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner o su hermano Máximo. A pesar de su sobreseimiento, los embargos sobre los acusados se mantuvieron.

En el caso de Hotesur y Los Sauces, los acusados que enfrentarán juicio incluyen a una larga lista de figuras prominentes, entre ellas Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros empresarios y funcionarios. En el caso del Pacto con Irán, la atención se centrará en los acusados que intentaron facilitar la anulación de los pedidos de captura internacional contra los presuntos responsables del atentado a la AMIA.

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