En el trasfondo de las aulas peruanas, un oscuro espectro acecha: la violencia sexual perpetrada por docentes. Este flagelo, una sombría realidad que ha traspasado las paredes de la enseñanza, se manifiesta a través de denuncias que, aunque buscan justicia, quedan atrapadas en un complejo entramado burocrático y legal. La recurrencia de estos sucesos es alarmante: más de 70 docentes, en promedio, son denunciados anualmente por este delito en el Perú.

11/18/2023. Un caso emblemático, aún en proceso de investigación, vislumbra la magnitud del problema. En el remoto centro poblado de Oscollo, en el distrito de Cocharcas, provincia de Chincheros (Apurímac), un profesor y director de una escuela primaria fue denunciado por presunta violación sexual a dos mujeres, de 19 y 35 años, en el año 2019. Este incidente, que aún no ha alcanzado una resolución judicial, simboliza la crudeza de una realidad que se perpetúa en la impunidad.

Los datos revelados por ECData son desalentadores: desde enero de 2015 hasta junio de 2023, se han presentado 596 denuncias por violencia sexual contra profesores. Este panorama sombrío refleja una preocupante frecuencia: una denuncia cada seis días. Sin embargo, este número podría ser aún más impactante si se considera que 958 casos de presunta violación sexual por personal educativo a escolares fueron reportados ante SíseVe, herramienta del Ministerio de Educación. Esto sugiere una brecha entre los reportes hechos a nivel educativo y aquellos que son elevados a las autoridades policiales o fiscales.

El abogado Víctor Sausa, especializado en violencia escolar, atribuye esta disparidad a la falta de capacitación de los directores y a la existencia de procesos paralelos que limitan la denuncia directa ante las autoridades pertinentes. Esta complejidad en los procesos afecta significativamente a las denunciantes, prolongando su sufrimiento y revictimizándolas.

El Ministerio de Educación, a pesar de las solicitudes de información, no ha proporcionado respuestas sobre esta preocupante situación. Mientras tanto, datos revelados por el Ministerio Público indican que solo el 22% de los casos de presunto abuso sexual contra docentes ha obtenido una sentencia firme. Estas fiscalías, en promedio, tardan dos años en resolverlos, evidenciando una lentitud que conspira contra la justicia y la seguridad de los estudiantes.

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La presunción de inocencia, un principio fundamental, impide la inhabilitación de los profesores acusados hasta la emisión de una sentencia definitiva. Esto permite que, aunque sean apartados de sus cargos en la institución donde ocurrieron los presuntos hechos, algunos continúen impartiendo clases en otras escuelas.

La herramienta de búsqueda de sanciones del Minedu solo revela antecedentes de docentes con sentencias confirmadas, excluyendo investigaciones o procesos en curso. Esta laguna deja un espacio para que maestros sancionados administrativamente continúen en sus funciones, a pesar de las acusaciones en su contra.

La urgencia de resolver estos casos es evidente. La demora en las sentencias se atribuye a la falta de recursos, como las cámaras Gesell en diversas regiones, y la sobrecarga de procesos que enfrentan los defensores públicos del Ministerio de Justicia. Según Sausa, la celeridad en la resolución de casos está asociada a una defensa privada y especializada.

En agosto de este año, ECData informó que más de 400 docentes sancionados por abuso sexual aún no habían sido destituidos, mientras que 150 que sí lo fueron, ya no estaban en esa condición. Esta situación subraya la necesidad apremiante de políticas más eficaces para erradicar esta lacra de la educación peruana.

En el crisol de este desafío se yerguen preguntas incómodas: ¿Cómo se puede garantizar la seguridad en las aulas? ¿Qué medidas deben implementarse para agilizar los procesos judiciales y proteger a las víctimas? Mientras estas interrogantes persistan sin respuesta, la vulnerabilidad de los estudiantes y la búsqueda de justicia continuarán como un desafío primordial en el panorama educativo del Perú.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de elcomercio.pe