El martes pasado, el presidente más joven que ha tenido Ecuador, Daniel Noboa, quien además apenas suma 46 días en el poder, sorprendió al país, a la región y al mundo al declararle la guerra interna a 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) que en los últimos cinco años han convertido a este país de 17 millones de habitantes en el más violento e inseguro de toda América Latina con una tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes.

01/14/2024. Mediante el Decreto 111, el mandatario reconoció la existencia de un conflicto armado interno y dispuso “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”.

Y es que, según el análisis gubernamental, la actual crisis de seguridad que enfrenta Ecuador dista de manera exponencial de una “ola de criminalidad” sistémica por parte de actores beligerantes no estatales; por el contrario, para el Ejecutivo estos actos se configuran como una “amenaza terrorista” contra los pilares de la soberanía estatal e integridad territorial.

El hartazgo llegó al sillón presidencial luego que, en un solo día –el pasado 1.° de enero– se registraron 50 muertes violentas en distintos sectores del país, pero principalmente en la costera ciudad de Durán, localidad tomada por los GDO.

Eso se sumó a las denuncias de la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, que públicamente desenredó el caso Metástasis, una intrincada red de corrupción y delincuencia que involucra, según sus datos, a 30 personas entre abogados, policías, agentes penitenciarios y operadores judiciales que beneficiaban al narcotraficante Leandro Norero, alias El patrón, asesinado en prisión en 2022.

Salazar denunció un plan para asesinarla por parte de ‘Los lobos’, la misma banda delincuencial a la que se le adjudica el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. En su versión, la fiscal señala a Fabricio Colón (líder de ‘Los lobos’ y hoy prófugo de la justicia) como el remitente de la amenaza.

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Sin embargo, Colón no es el único que huyó de prisión. El 4 de enero, el presidente Noboa dispuso el traslado de tres cabecillas de bandas criminales a la Roca, una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, entre ellos a Adolfo Macías, alias Fito, líder de ‘Los choneros’, grupo vinculado al cartel mexicano de Sinaloa y a grupos colombianos, según datos policiales.

Pero ‘Fito’ se fue. Sin información de cuándo y cómo, el cabecilla que purgaba una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, huyó de la cárcel del Litoral, en Guayaquil, donde permaneció 12 años dirigiendo los narconegocios y fue su escenario para realizar fiestas, peleas de gallos y hasta para grabar el videoclip de un narcocorrido en su honor.

El hecho llevó a que, el pasado lunes, el presidente Noboa declarara el estado de excepción por “conmoción interna” durante 60 días.

Por supuesto, la medida no fue bien recibida por los GDO, que decidieron arrancar una semana de terror: 35 explosiones en carros, puentes peatonales y unidades policiales en al menos 10 provincias del país; motines carcelarios que dejaron a 178 policías, guías y funcionarios penitenciarios retenidos dentro de las cárceles. Hasta el cierre de esta edición solo ocho habían sido liberados.

En videos viralizados en redes sociales, los uniformados secuestrados, apuntados con armas, eran obligados a emitir mensajes al presidente Noboa. “Declaraste la guerra y guerra vas a tener” leía con evidente nerviosismo un policía, mientras otro de rodillas pedía ayuda para que no lo maten.

A la madrugada del martes, Fabricio Colón, detenido el 5 de enero en Quito, se fugaba de la cárcel de Riobamba, ciudad del centro andino ecuatoriano. Otros 38 detenidos lo acompañaron en la evasión.

El mismo día, los ecuatorianos fueron testigos, en vivo, de la incursión armada en los estudios de TC Televisión, en la ciudad de Guayaquil. Un grupo de armados, identificados con la banda de ‘Los tiguerones’ amenazaban a los periodistas que alrededor de las 2 de la tarde transmitían el noticiero.

Con tacos de dinamita y otros explosivos, obligaban a los comunicadores a pedir ayuda y rogar que la Policía no actuara. Y si bien no hubo muertos ni heridos y los terroristas fueron detenidos, dejaron en el ambiente una sensación de pánico que se amplificó en todo el país.

Centros educativos, oficinas públicas, centros comerciales y negocios cerraron sus puertas y miles de ciudadanos, confundidos y nerviosos, pugnaban por reunirse con sus familias y refugiarse en sus domicilios.

Así llegó la declaratoria de “guerra interna” con la que el mandatario dispuso “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”, se lee en el decreto.

‘Fito’, el peligroso criminal que se fugó de la cárcel y provocó el caos en EcuadorDesde la cárcel, Adolfo Macías comandaba la principal banda de ese país, ‘Los Choneros’. ¿Quién es?

“Estamos en estado de guerra y no podemos ceder ante las presiones de los grupos terroristas”, dijo Noboa al justificar la decisión que es respaldada por la Asamblea Nacional y por el 80 por ciento de los ecuatorianos, que aprueba la militarización del país.

La noche del jueves, el mandatario envío a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que, al ser calificado como económico urgente, deberá ser tramitado en 30 días. “El incremento en la recaudación fiscal proporcionaría los recursos necesarios para reforzar las fuerzas de seguridad, mejorar la infraestructura penitenciaria y desarrollar estrategias a largo plazo”, expone el proyecto.

El Gobierno espera capitalizar en el 2024 algo más de mil millones de dólares, cifra que permitirá concretar la instalación de dos cárceles divididas en áreas de supermáxima, máxima y alta seguridad, con capacidad para 736 reos, según la propuesta oficial que no determina el tiempo de vigencia de la medida recaudatoria.

Infiltración anunciada

Si bien las noticias, los análisis y las alertas oficiales daban cuenta permanente del fortalecimiento y expansión de los GDO, la explosión de violencia e inseguridad que esta semana enfrentó Ecuador no solo llevó al presidente Noboa a declarar un “conflicto armado interno” y calificar como “terroristas” a los grupos armados, sino que fotografió la grave infiltración y atomización de los grupos criminales. Estos han establecido cuarteles en 20 de las 24 provincias del país y han reclutado a alrededor de 20.000 personas, según cifra del mandatario.

“Desde 2019 Ecuador presenta una tendencia creciente de violencia por enfrentamientos entre diversas organizaciones criminales que buscan posicionamiento económico y legitimidad en los diversos delitos graves que ocurren en el país”, dice un informe sobre ‘Caracterización del crimen organizado en Ecuador’. Este fue realizado por el Observatorio local que estudia las escalada de violencia en este país de 17 millones de ecuatorianos, afectado también por la ingobernabilidad, la crisis energética, una grave crisis económica, el déficit fiscal y los índices de desempleo que ya provocan la emigración de al menos 65.000 ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa.

Campanazo de alerta

El campanazo de la consolidación de las bandas criminales se dio desde febrero de 2021 con el inicio de las macabras matanzas carcelarias protagonizadas por miembros de las bandas criminales. Cuerpos decapitados, desmembrados e incinerados fueron las escenas dantescas de 11 eventos donde se asesinaron a unos 500 privados de libertad en los dos últimos años.

“Desde el primer momento de las masacres en las cárceles se reveló la existencia de una alianza criminal y, al mismo tiempo, se hizo pública la implicación de agentes de policía y de fuerzas armadas vinculados al crimen organizado”, afirma el catedrático y analista de temas de seguridad y violencia Luis Córdova.

Se reveló la existencia de na alianza criminal y, al ismo tiempo, se hizo pública la implicación de agentes de policía y de fuerzas armadas vinculados al crimen organizado.

Con información de eltiempo.com