Presidente de Guatemala: “El poder político ya no respalda a la fiscal”, aunque por efecto de su nombramiento “está blindada por el momento”

01/29/2024. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tomó posesión de su cargo a la medianoche del 14 de enero, después de sortear en el nuevo Congreso de la República la última emboscada del “pacto de corruptos”, que pretendía descarrilar su mandato electoral. Después de sus primeras dos semanas en el timón del ejecutivo, Arévalo afirma que “el pacto se viene desmoronando. Son redes que al no tener control de ciertas posiciones claves, se van desarticulando de manera casi natural”. Aunque siguen teniendo posiciones de poder, como en el caso del Ministerio Público”, encabezado por la fiscal Consuelo Porras.

La fiscal que fue nombrada por el presidente Jimmy Morales y reelecta por Alejandro Giammattei, ya “no tiene respaldo del poder político en el Congreso, es un bastión de estos grupos que han estado usando las instituciones públicas para hacer gestión de impunidad y persecución política. Pero por efecto de las regulaciones que definen cómo se manejan los nombramientos está blindada por el momento”, admite Arévalo.

Tras la negativa de Porras a reunirse con el presidente y brindarle un informe sobre la actuación del Ministerio Público en temas de derechos humanos, libertad de expresión, y compra de vacunas Covid-19, Arévalo la citó a una reunión de Consejo de Ministros el lunes 29 de enero, a la que por ley está obligada a asistir, pero todo indica que el enfrentamiento entre la fiscal y el gobierno de Arévalo continuará en los próximos dos años.

En una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, Arévalo explicó su estrategia para combatir la corrupción a partir del control del presupuesto nacional, del Ejecutivo, y de la ejecución de obras dentro del Estado, para reorientar esos recursos hacia la inversión pública en planes de desarrollo, “focalizados en las zonas más pobres del país, en medicinas, hospitales, escuelas, y carreteras”. “Lo más urgente es la lucha contra la corrupción, pero lo más importante es la lucha por el desarrollo, y la lucha contra la corrupción tiene como objetivo permitir que las instituciones públicas empiecen a funcionar nuevamente”, puntualizó. 

Ante un entorno regional de gobiernos autoritarios y deterioro de la democracia en Centroamérica, Arévalo considera que no hay “condiciones políticas para trabajar un replanteamiento de la integración”, por la contradicción que existe entre algunos gobiernos de la región “con el Protocolo de Tegucigalpa, que establece que la naturaleza de los países que se integran en Centroamérica es democrática”, y, por lo tanto, se propone avanzar en temas de  integración económica con los otros gobiernos en comercio, y en áreas técnicas y de servicio. 

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Le pregunto si se puede avanzar en la integración política de Centroamérica con la dictadura totalitaria de Daniel Ortega en Nicaragua que opera en la impunidad. “ Nosotros por eso hemos dicho que el avance a nivel de la integración política va a ser muy complicado, y que el énfasis tiene que ser, en consecuencia, en el avance en los temas económicos y sociales”, afirmó Arévalo.

El enfrentamiento con la Fiscalía

El 14 de enero usted tomó posesión como presidente de Guatemala, después de un intenso proceso de ataques y amenazas que describió como un golpe de Estado en cámara lenta, ¿esa intención golpista se mantiene en sus primeros días de Gobierno o ha sido derrotada? 

La intención golpista en el sentido clásico ha parado, sencillamente porque la intención era tratar de obstaculizar de alguna manera la ceremonia de transmisión de mando y la asunción al poder del nuevo Gobierno. Eso estuvieron intentándolo hasta el último minuto. Evidentemente, fracasaron y nosotros estamos ya en el ejercicio legítimo y pleno del poder. 

Ahora estaremos viendo si es que el Ministerio Público –que sigue en manos de esta red de actores ligados a la corrupción, y han sido denunciados internacionalmente y nacionalmente– si deciden continuar en estas acciones, pero eso ya lo veremos en el futuro. 

Usted citó a la fiscal Consuelo Porras a una reunión. Le pidió un informe sobre la actuación del Ministerio Público en torno a casos de derechos humanos, libertad de expresión, las compras de la vacuna Covid-19 y la fiscal alegó que usted no tiene autoridad para citarla a una reunión. Tampoco le respondió sobre esos temas y dijo que no va a renunciar. ¿Qué significa este desafío frontal a la autoridad presidencial? 

Indica que la señora fiscal no entiende realmente cuál es el marco de funcionamiento de las instituciones en un sistema republicano democrático. Lo que hemos hecho es recordarle la ley, la hemos citado a una nueva reunión en reunión de Consejo de Ministros para el día lunes y le hemos citado el artículo de la Ley donde de manera taxativa se establece que está obligada a asistir a estas invitaciones. 

Pero si por la víspera se saca el día, uno podría suponer que este es un enfrentamiento que va a continuar. ¿Qué consecuencias puede tener para las acciones normales del Gobierno? 

Vamos a ver qué es lo que sucede a partir del día lunes. Ella ha manifestado que sus actuaciones se enmarcan dentro de la ley. Nosotros la hemos convocado con una clara referencia a la ley que la obliga a estar presente y a participar en la discusión de esos temas. Vamos a ver qué pasa el día lunes. 

La fiscal fue nombrada por el presidente Jimmy Morales y fue reelecta por el presidente Alejandro Giammatei, que ya no está en el poder. ¿Quién la respalda hoy?

Hoy el poder político no la respalda. En el Congreso de la República no tiene respaldo, es prácticamente un bastión de estos grupos que han estado usando las instituciones públicas para hacer desde ellas gestión de impunidad y persecución política. No hay ningún tipo de respaldo político, pero por efecto de los nombramientos y de las regulaciones que definen cómo se manejan estos nombramientos está blindada por el momento. Nosotros seguiremos en la ruta de trabajo e identificaremos cuáles son los mecanismos para poder enfrentar este problema en caso de que ella continúe en esta actitud. 

Esa red de poderes fácticos que en Guatemala llaman el “pacto de corruptos”, ¿es una amenaza para su Gobierno? ¿Tiene la fuerza para poder incidir y bloquear acciones del Gobierno en el Congreso y en otros espacios? 

No, en el Congreso no fueron capaces de contener la llegada de una Junta Directiva con la que se va a poder trabajar de forma constructiva. Tenemos un presidente del Congreso que es una persona que ha manifestado su interés en trabajar constructivamente, en aras de las necesidades de la población. Ellos intentaron montar una junta directiva alternativa que no obtuvo los votos necesarios. Al segundo intento, ni siquiera intentaron presentarse. De manera que es un pacto que se viene desmoronando. Son redes que al no tener control de ciertas posiciones claves, se van desarticulando de manera casi natural. Y eso es lo que estamos viendo en estos días.

Siguen siendo problemáticos, siguen teniendo posiciones de poder, como en el caso del Ministerio Público, pero es claramente un fenómeno que ya está en otra etapa, de la que nos encontrábamos antes del periodo electoral. 

Pero los diputados de su partido Semilla han sido despojados de su representación legal tanto en la directiva del Congreso como en las comisiones. ¿Cómo puede gobernar en un contexto de minoría parlamentaria y sin representación legal de su partido? 

La junta directiva que quedó electa es la junta directiva que fue organizada por el Movimiento Semilla, alrededor de un pacto sobre una agenda legislativa.  Cuando la Corte de Constitucionalidad dijo que tendría que haber una nueva elección, se repitió la elección y sencillamente se sustituyó a los miembros del Movimiento Semilla. La Junta directiva que quedó electa es la misma con la que iba el Movimiento Semilla, solo que sin los participantes de Semilla. 

El lema principal de su campaña electoral fue el combate a la corrupción. Así lo ratificó usted en su primer discurso, ya como presidente en funciones. Pero cómo se puede desmontar la corrupción si está enquistada en algunas instituciones y estructuras del Estado. La Fiscalía, acaba de mencionar usted, también en espacios en la Corte Suprema de Justicia y en otros ámbitos. 

La corrupción es una red de intereses que funciona alrededor del acceso a los fondos públicos ya sea en forma de contratos, de plazas fantasmas y otra serie de acciones corruptas. En este momento, al tener nosotros el control del presupuesto nacional, el control del Ejecutivo, el control de la ejecución de obras dentro del Estado y el control de los nombramientos que se hacen en las instituciones del Estado, los espacios se cierran para este tipo de negocios y entonces la lógica que mantiene unidos a los grupos corruptos desaparece, que es la situación que estamos viendo en este momento. Si un congresista llegó y fue electo con la expectativa de que alguien le iba a dar contratos para sus empresas o plazas fantasmas para sus seguidores, se ha encontrado con que eso ya no es lo que está pasando. Y entonces todo eso tiene una incidencia general en el sistema. 

El apoyo de pueblos originarios, EE. UU., OEA, UE

La movilización de los pueblos originarios y sus líderes le brindó un apoyo decisivo para que usted pudiera sortear esa crisis y asumir la presidencia. Posteriormente, ellos cuestionaron la falta de inclusión de profesionales indígenas en su gabinete. ¿Por qué ese vacío?

En primer lugar, es un tema que nosotros mismos, cuando presentamos al gabinete, indicamos y reconocimos al presentar el gabinete. Yo dije que estábamos muy satisfechos con que fuera el primer gabinete completamente paritario, y, por el otro lado, dijimos que nos sentíamos en deuda porque no habíamos alcanzado esa participación más clara de profesionales indígenas. Anunciamos que era un tema sobre el que continuaríamos trabajando. Los pueblos indígenas lamentaron que esto no fuera así e indicaron que estarían trabajando con el Gobierno para hallarle una solución y eso es lo que estamos haciendo en este momento. 

Hoy a nivel de viceministerios vienen varios nombramientos de profesionales indígenas, como en el caso de la Ministra de Trabajo, que es una profesional indígena, es gente que es nombrada no por una cuota de representación, sino porque son profesionales perfectamente calificados. Y esas son las discusiones que tenemos con el movimiento indígena. 

El gobierno de Jacobo Arbenz, que sucedió a su padre, Juan José Arévalo, fue derrocado en 1954 por una conspiración armada con el involucramiento directo de Estados Unidos y 70 años después su presidencia ha sido apoyada por el gobierno de Estados Unidos, por la administración Biden, para enfrentar un intento de golpe de Estado en su contra,¿Qué significa este cambio en la relación entre Estados Unidos y Guatemala? 

Significa que responde al cambio en el contexto internacional. En ese momento estábamos a mediados del siglo XX, ahora estamos entrados en el siglo XXI. Estos 70 años han transformado la escena internacional. La Guerra Fría, que era el contexto que dominaba en ese momento, terminó. Estamos en este momento en otro contexto en donde los Estados Unidos y Guatemala, como naciones, tienen una convergencia alrededor de intereses como la preservación de la democracia, el combate a los flujos criminales transnacionales, la búsqueda de soluciones para problemas y fenómenos conjuntos como el de la migración. Y alrededor de todo eso se teje esta voluntad de una nueva relación. 

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