A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado en Bolivia denunció que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y sus “cómplices” usurparon las funciones del presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, y perpetraron “un golpe a la democracia, al Estado de derecho y al orden constitucional”.

06/07/2024. “Esta institución de creación constitucional, dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, y conforme manda el Artículo 229 de la Constitución Política del Estado, condena los actos desarrollados en la reunión inconstitucional e ilegal de legisladores que incurrieron en desobediencia a resoluciones constitucionales” (sic), señala el comunicado.

Rodríguez llevó adelante la tarde de este jueves una cuestionada sesión en la Asamblea, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de un fallo, determinó la suspensión y advirtió que será “nulo de pleno derecho” todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad.

La Procuraduría también recordó el auto constitucional 0254/2024-CA y señaló que se ordenó la suspensión de la “forzada sesión” convocada por Rodríguez.

“El artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece textualmente que, desde el momento de la notificación con el recurso directo de nulidad, ‘quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto’ y ‘será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad’” (sic).

La entidad señaló que ninguna “ley o declaración” aprobada podrá ser considerada o promulgada por el presidente Luis Arce, ni mucho menos publicada en la Gaceta Oficial.

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“La Procuraduría asumirá todas las acciones que la Constitución y la ley le otorgan para preservar el Estado de derecho ante las amenazas y acciones de hecho que atentan contra la democracia”.

En la sesión, con presencia de los asambleístas de oposición de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), se aprobaron por dos tercios los proyectos de ley 075, que cesa a los magistrados prorrogados, y 079, referente al contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Confital-Bombeo-Colomi.

Además del visto bueno legislativo que dispone la continuidad de la preselección con miras a las elecciones judiciales, y el Decreto Presidencial 5137 referido a la “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”.

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