El Gobierno de El Salvador negó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en las prisiones de este país se realicen torturas contra los detenidos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

07/13/2024. El comisionado Carlos Bernal señaló en dicha audiencia que existen alegaciones de las organizaciones humanitarias de «personas torturadas y muertas en el interior de las cárceles«, lo que «es muy preocupante».

El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, negó que en las cárceles salvadoreñas se estén dando dichas prácticas.

«En El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesinan a las personas, esto no es una lucha política, no son centros de concentración», aseguró Guzmán.

Agregó que «esa aseveración es totalmente falsa«, mientras que la canciller salvadoreña afirmó que «estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad».

La diplomática dijo que las alegaciones de las organizaciones humanitarias de atropellos a derechos humanos en El Salvador son «acusaciones infundadas y alejadas de nuestra realidad«.

«El Salvador no es, ni será bajo la actual Administración, un Estado autoritario y represivo«, apuntó.

La audiencia virtual se desarrolló a petición de diversas organizaciones humanitarias en el marco del 190 período de sesiones del organismo regional.

Según cifras del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), son más de 300 personas las que han fallecido en custodia estatal desde marzo de 2022, la mayoría con signos de violencia.

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El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una escalada de violencia en marzo de 2022 atribuida a las pandillas y que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio tras la ruptura de un supuesto pacto entre las maras y el Gobierno de Nayib Bukele.

Ente este marco, las autoridades reportan más de 80.100 detenciones, mientras que las organizaciones han recibido más de 6,000 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.

De acuerdo con un informe de Cristosal, presentado recientemente, más de 170 menores de edad quedaron en la orfandad tras la muerte del padre, la madre o ambos en las cárceles de El Salvador en el contexto del régimen de excepción. 

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