El balance de proyectos del presidente en el Congreso es corto, y pese a que tiene mayorías en el Legislativo, sus otras iniciativas verán complicaciones.

08/07/2024. De las grandes reformas sociales y económicas que le planteó el presidente Gustavo Petro a Colombia cuando estuvo en campaña solo sacó adelante dos en sus dos primeros años de gobierno, la tributaria y la pensional. Pero, al parecer, incompletas, porque apenas fueron aprobadas, el Ejecutivo anunció que propondría nuevas reformas sobre esos mismos temas. Las otras iniciativas banderas de su administración, como la de la salud, la política y la de educación, se hundieron.

En el caso de la reforma política, fue el mismo Gobierno Nacional el que decidió renunciar a ella cuando iba apenas por la mitad de su trámite, y finalmente no fue aprobada. La resistencia que creció contra el proyecto debido a la crisis política obligó al Gobierno a abandonar su propia iniciativa, y terminó archivada. Y en el caso del proyecto que buscaba regular la producción, comercialización y venta del cannabis de uso adulto, se hundió en el Congreso en el octavo y último debate, en la plenaria del Senado.

Ante la situación, propia del equilibrio de poderes en una democracia, el presidente Petro convocó una constituyente, arguyendo que el Congreso entorpece o boicotea sus iniciativas, por lo que es el pueblo (que él llama “poder constituyente”) el que debe impulsarlas desde las calles. Eso ha enrarecido el debate público debido a la preferencia del mandatario por la democracia directa antes que la representativa.

Pero no ha habido tal bloqueo en el Congreso. Si bien hubo resistencias, como es natural, al menos 14 leyes y dos actos legislativos de iniciativa gubernamental fueron aprobados en el Legislativo, y que van desde cosas simples, como la Ley 2319 por la que se cambió la denominación del Ministerio de Cultura, hasta complejas y de relevancia capital, como la Ley 2342 del Presupuesto General de la Nación; la Ley 2281, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad; la Ley 2272 o “de Paz Total”, que faculta al Gobierno para adelantar acercamientos y diálogos con grupos armados al margen de la ley; la Ley 2277, o reforma tributaria, y la Ley 2294, o Plan Nacional de Desarrollo.

También, por iniciativa del Gobierno, el Congreso aprobó las leyes 2344 (que establece exenciones de impuestos para la realización de la Copa Mundial Femenina), 2346 (que destina recursos para garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad), 2347 (establece el 12 de octubre como el día de la Diversidad Étnica y Cultural), 2299 (se adiciona el presupuesto general de la nación), 2278 (da facultades extraordinarias al presidente para suprimir, modificar o crear empleos en la planta global de la Contraloría), 2298 (establece el número de diputados) y 2301 (aprueba el acuerdo entre Colombia y Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera).

Incluso, se modificó la Constitución a través de la aprobación de dos actos legislativos (que requieren ocho debates): el Acto Legislativo 01 de 2023, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, y el Acto Legislativo 03 de 2023, que establece la jurisdicción agraria y rural.

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2 años de Petro: nuevas reformas tributaria y pensional

Pocos meses después de haber sido aprobada la reforma tributaria (uno de los logros de Gobierno de Petro), el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de una nueva que buscaría flexibilizar las cargas para los empresarios del país. El objetivo, según el ministro, no será un plan de recaudo, sino uno que mejore la carga impositiva que deben asumir las empresas.

Pero hay muchas más razones, empezando por el entorno internacional que provoca ajustes fiscales en el país con relativa frecuencia. A esto se suma el hecho de que la reforma aprobada en 2022 fue revisada por la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad en recaudos importantes previstos por ese plan; y que, por error del mismo Gobierno, la meta de recaudo prevista para 2024 no se va a cumplir y se debe recortar el presupuesto en 20 billones de pesos, que es más o menos la previsión anual que tenía el Ministerio de Hacienda con la reforma tributaria que se aprobó hace dos años.

El mismo ministro Bonilla también hizo advertencias sobre la reforma pensional. Al responder a las alertas de congresistas y gremios sobre el impacto fiscal que tendría, señaló que en todos los estudios hechos hasta el momento se ha analizado el costo en los años 2070 y 2100, y aseguró que, para entonces, ya se necesitaría otra reforma.

“Ninguna reforma es absoluta en el tiempo”, sentenció el ministro Bonilla. “Eso significa que, cuando acá presentan unas cifras sobre el impacto fiscal que va a tener en el tiempo, lo están llevando a 2100, como si la reforma fuera infalible de aquí a 70 años. Ninguna reforma es infalible ni eterna. Hay que volver a hacer otras cosas dentro de 30 años”.

Con el inicio, el pasado 20 de julio, de la tercera legislatura del Congreso, también comenzó un nuevo y agitado periodo de discusiones en el que el presidente Petro insistirá con sus reformas colgadas: el nuevo proyecto de ley de la salud y el segundo debate de la reforma laboral, iniciativas a las que se sumaron las reformas a las leyes de servicios públicos, a la justicia y a la educación. Pero el camino es difícil.

Con información de pulzo.com