Con un duro comunicado del Ministerio de Capital Humano de Argentina y a dos días de la manifestación universitaria en contra del veto a ley de financiamiento, el Gobierno salió este lunes a marcar postura. «La marcha es política», sostuvieron y apuntaron.

09/30/2024. «Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo», sostiene desde el arranque el texto emitido por la cartera de Sandra Pettovello que incluye las políticas de educación. El comunicado, de cuatro carillas, lleva el título: «Estamos a favor de la educación universitaria».

Desde la cartera de Capital Humano aseguraron que los reclamos del sector educativo «están todos atendidos y resueltos» por lo tanto, afirmaron, resulta «urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas».

«El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada», indicaron.

Sin mencionar la posibilidad del veto presidencial que el Gobierno evalúa ante la ley aprobada en el Congreso, el texto se mete de lleno con los reclamos paritarios del personal universitario.

«Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente», detalla.

Y apunta: «Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores. Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación».

En la misma línea, Pettovello desde Capital Humano subrayó que «simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron». «Desde el ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%)», detallaron.

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A su vez, precisaron que se asignaron partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y «aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional».

Adelantaron que la propuesta que se presentará a los gremios el lunes alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El duro comunicado contra las universidades llega dos días antes de la segunda marcha universitaria. La primera, llevada a cabo el 23 de abril pasado por el recorte de fondos, fue la más grande que debió afrontar el Gobierno desde que asumió.

Desde el ministerio dijeron que rechazan que «las recientes manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento educativo». «La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes».

De este modo, desde Capital Humano evitan hablar del la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición consiguió sancionar en el Congreso y que Javier Milei ya avisó que vetará de manera completa. Sería el segundo veto luego de la recomposición a las jubilaciones.

El Gobierno vinculó la marcha a la paritaria y la falta de auditorías

En otro pasaje del extenso comunicado, Capital Humano brindó una serie de motivos según los cuales las universidades nacionales convocaron a movilizar el próximo miércoles 2 de octubre.

Por un lado, adujeron que las universidades públicas rechazaron la propuesta de aumento salarial del 6,8% para el mes de octubre.

En tercer lugar, Capital Humano afirmó que las universidades «no se dejan auditar» y apuntaron contra la UBA. «Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos», detallaron.

A su vez, pusieron sobre la mesa del debate por el costo de los estudiantes extranjeros. «El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público», ejemplificaron.

Luego el ministerio habló también de una «administración fraudulenta de los fondos». «Las universidades recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270%. Aun así, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa», dijeron.

Con información de clarin.com