Es el 16 de noviembre el día señalado por el Tribunal Supremo de Perú, para decidir si el presidente Castillo puede ser investigado por la Fiscalía General, tras ser denunciado constitucionalmente ante el Congreso por supuesta corrupción.

En una audiencia virtual, el Tribunal Supremo peruano analizará la apelación que presentó el mandatario en la que alega que no puede ser juzgado debido a que tiene inmunidad como jefe de Estado, según informó la emisora RPP.

El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, ha dispuesto notificar a las partes: al presidente de Perú y a sus abogados, a la Fiscalía General y a la Producaría Geneneral del Estado. La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a Castillo ante el Congreso del país por su supuesta implicación en un caso de corrupción.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Tras esta acusación, Castillo afirmó que está sufriendo una persecución política, a la vez que ha denunciado una “nueva modalidad de golpe de Estado”.

“Hoy tenemos a una Fiscalía política en el Perú, que lejos de juzgar a los verdaderos criminales, hoy está haciéndolo con el Gobierno que ha sido elegido legítimamente por el pueblo para conducir los destinos del país”, indicó el mandatario en una rueda de prensa, añadiendo que “en el país se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado”.

La noticia se da luego de las protestas que se dieron en la capital peruana el sábado 5 de noviembre. Al grito de “Fuera Castillo, fuera!”, miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima para reclamar la renuncia del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien se encuentra bajo un inédito marco de seis investigaciones por presunta corrupción.

Los opositores al gobierno de Castillo recorrieron las calles del centro histórico hasta llegar a 100 metros del Congreso donde decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran al Parlamento y al palacio de gobierno.