El Gobierno de Nicaragua llevó a cabo el cierre de otras 100 organizaciones sin fines de lucro, elevando de este modo a más de 3.000 las asociaciones disueltas tras las protestas sociales de abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ilegalizó 91 ONG de carácter nacional, y otras nueve de origen extranjero, entre las que se encuentran tres de Estados Unidos, tres de España, una mexicana, otra italiana y una última neerlandesa, informó el diario online Nicaragua Investiga.

Estas organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (AJUPIN), no habrían cumplido supuestamente con sus obligaciones de informar sobre sus cuentas y periodos fiscales, con un desglose de ingresos y retiradas de dinero.

En este sentido, varias de las organizaciones deslegitimadas son cristianas y católicas, además de fundaciones de desarrollo en comunidades rurales u organismos de defensa de los derechos de los animales, según el citado diario.

Tanto la oposición como la comunidad internacional, incluida la ONU, han cuestionado esta campaña contra las ONG, que se enmarca dentro de una ola de represión que se inició tras las protestas de 2018 y se reforzó en los meses previos a las elecciones de 2021.