Costa Rica: El Presidente Chaves quedaría sin inmunidad si lo aprueba la Asamblea Legislativa

En una decisión sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica. el presidente Chaves quedaría sin inmunidad si lo aprueba la Asamblea Legislativa, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Esta medida busca permitir que el mandatario enfrente una acusación por un presunto delito de concusión relacionado con un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

07/01/2025. La médula de la acusación se centra en un contrato de $405.800 con fondos del BCIE, destinado a servicios de comunicación para Casa Presidencial durante el primer año de gobierno. La Fiscalía sostiene que el contrato fue diseñado «a la medida» para que la empresa del empresario audiovisual Christian Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut), lo ganara.

La acusación principal contra el presidente Chaves es que habría solicitado a Bulgarelli entregar $32.000 a su exasesor de imagen, Federico «Choreco» Cruz. Este dinero, según la Fiscalía, se habría utilizado para que «Choreco» pudiera «enganchar una casa» en el condominio Barlovento, en Concepción de Tres Ríos. Bulgarelli ha confesado a la Fiscalía General que, por solicitud directa de Rodrigo Chaves, depositó los $32.000 en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en dicho condominio, para que Cruz pudiera alquilarla con opción de compra.

Junto al presidente Chaves, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, también enfrenta una solicitud de levantamiento de fuero de improcedibilidad (inmunidad) por los mismos hechos. Rodríguez se desempeñaba como jefe de despacho del presidente cuando se produjo la contratación en cuestión. El delito de concusión, según el artículo 355 del Código Penal, se refiere al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, y conlleva una pena de dos a ocho años de cárcel.

Un Hito Judicial y el Camino en la Asamblea Legislativa

La decisión de la Corte Plena, tomada con 15 votos a favor y siete en contra, es histórica. Es la primera vez que la Corte solicita levantar la inmunidad a un presidente de la República en ejercicio desde la Constitución de 1949. Los magistrados que votaron en contra consideraron que, con la prueba existente, no era posible realizar el juicio de probabilidad exigido por la ley.

Ahora, la pelota está en el tejado de la Asamblea Legislativa. El proceso que sigue es el siguiente:

• La solicitud será enviada al Congreso.
• Se deberá formar una comisión especial para analizar el expediente y emitir una recomendación al plenario legislativo.
• Según el artículo 217 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se leerá el informe de la comisión y se le podría dar la palabra al acusado (el presidente Chaves), si decide asistir.
• Finalmente, el levantamiento de la inmunidad procederá si recibe 38 votos a favor en el plenario, lo que representa una mayoría calificada.

Es importante destacar que el trámite podría agilizarse si los funcionarios renuncian voluntariamente a su inmunidad. Si la Asamblea Legislativa decide no levantar la inmunidad, el caso penal contra el presidente y el ministro no desaparece; el Poder Judicial podrá retomar el proceso y juzgarlos como ciudadanos comunes tan pronto como terminen sus respectivos periodos en el cargo.

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Evidencia Clave y Otras Acusaciones

La acusación de la Fiscalía General se basa en elementos de «Los audios de la Presidencia», un conjunto de grabaciones hechas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. En estas conversaciones, se escucha al presidente Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”, además de preguntar si «Choreco» sería parte de ese contrato de Bulgarelli.

Además de este caso del BCIE, el presidente Chaves también enfrenta otra acusación penal por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de su campaña política de 2022. La Fiscalía General acusó a Chaves, a la diputada Pilar Cisneros, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André Tinoco, y a otros tres diputados por supuestamente captar recursos y cubrir gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaron «al margen de la ley», sin control partidario ni reportes públicos de los donantes. Este caso, que aún no ha llegado a la Corte Plena, también requerirá una evaluación del máximo tribunal para decidir si avanza a juicio.

Reacciones Encontradas

La noticia ha generado reacciones polarizadas. La jefa de fracción de Progreso Social y colaboradora cercana del presidente, Pilar Cisneros, calificó la petición de la Corte como «insustancial, injusta, absurda» y «ridícula». Cisneros argumenta que el presidente Chaves «no tuvo nada que ver en un contrato privado» entre el BCIE y Bulgarelli. Además, Cisneros señaló inconsistencias en el testimonio de Bulgarelli, indicando que este había aseverado previamente bajo juramento en el Parlamento que no conocía al mandatario, pero ahora es citado como «testigo de la corona» de la fiscalía. Para Cisneros, «los magistrados siguen cavando la tumba de la credibilidad del Poder Judicial».

Por otro lado, diputados de oposición calificaron la petición de la Corte como «histórica». Representantes como Alejandro Pacheco, jefe del PUSC, y Óscar Izquierdo, jefe del PLN, afirmaron que analizarán la decisión y, de ser necesario, darán los votos para apoyar la solicitud.

La nación observa ahora a la Asamblea Legislativa, donde se definirá si el primer presidente en ejercicio en la historia reciente de Costa Rica deberá enfrentar un juicio penal.

Redacción DHH sobre lecturas de agencias