La reciente firma de un memorando de entendimiento entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para establecer una zona binacional de comercio en la frontera ha desatado una feroz tormenta política, generando «muchísimas alarmas» y atrayendo un aluvión de críticas de diversos sectores que advierten sobre graves implicaciones para la soberanía nacional y la seguridad regional.
07/25/2025. Esta iniciativa, que la Casa de Nariño presenta como un esfuerzo para «crear condiciones sociales y económicas» en la frontera, es calificada por sus detractores como una «entrega de soberanía» y un peligroso «acuerdo con el diablo».
La alerta desde Venezuela: «firmando un acuerdo con el diablo»
Desde la oposición venezolana, el pronunciamiento más contundente ha venido de Julio Borges, fundador del partido Primero Justicia y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Borges ha afirmado categóricamente que lo que se está rubricando no es una cooperación legítima entre dos naciones, sino una maniobra que puede afectar la estabilidad regional. «Estamos pensando en hablar de un acuerdo comercial, cuando en realidad lo que se está es firmando un acuerdo con el diablo, que es Maduro«, sentenció.
El dirigente opositor subrayó que Venezuela y Colombia siempre han compartido un enemigo común: la violencia en la frontera. Sin embargo, acusó directamente a quienes están en el poder en Venezuela de ser los «protagonistas de la violencia, del narcotráfico, de la protección a la guerrilla durante todos estos años en contra de Colombia». Borges advirtió que el acuerdo podría consolidar una estructura que facilita operaciones ilegales, indicando que «el acceso al oro se ha convertido ahorita en una entrada casi mayor o mayor que el propio narcotráfico». Además, expresó preocupación por el «secreto» y el «hermetismo» con los que se ha tramitado el memorando, criticando la participación de funcionarios colombianos, como el ministro Alfredo Saade, por supuestamente «legitimar» al gobierno venezolano. El político venezolano concluyó que este es un tema «muy pero muy delicado» que podría tener «consecuencias en el año electoral que viene para Colombia».
La oposición colombiana: «entrega de soberanía» y riesgo de «afrenta»
En Colombia, la indignación ha sido palpable, con figuras de la oposición expresando que el acuerdo representa una «afrenta» a la soberanía nacional. El expresidente Álvaro Uribe calificó la decisión de Gustavo Petro como «inaceptable» y una «afrenta contra la soberanía territorial de Colombia», afirmando que el acuerdo «entrega la soberanía de la patria» a grupos criminales y narcotraficantes «protegidos por la dictadura de Maduro». Uribe incluso prometió que un futuro gobierno elegido por su partido el 7 de agosto del próximo año, «echará para atrás esta decisión».
La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) se sumó a las críticas, planteando si la zona binacional «hace parte de los acuerdos que viene haciendo con las guerrillas» y si podría interpretarse como una «zona de distensión para el régimen de Maduro y para las guerrillas que soporta el dictador». Recordó, además, los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos guerrilleros que «destruyeron el Catatumbo». Por su parte, la representante a la Cámara Luz Pastrana (Cambio Radical) anunció un debate de control político en la Comisión Segunda, declarando que «Colombia no es patio de ninguna dictadura. ¡Esto es una afrenta al país!».
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Cuestionamientos legales y la confianza en un socio autocrático
Más allá de los señalamientos políticos, el acuerdo enfrenta un desafío legal. Abogados como Abelardo de la Espriella, también candidato presidencial, y Germán Calderón, han presentado una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar la zona económica binacional. Argumentan que la ministra de Comercio, Diana Morales, quien firmó el memorando, no tenía la competencia para suscribir lo que, a su juicio, «verdaderamente resulta ser, un tratado o convenio internacional, atentatorio de nuestra soberanía nacional». Los juristas señalan que una decisión de tal magnitud debería ser un tratado o convenio internacional, cuya aprobación corresponde al Congreso y la celebración al Presidente.
Adicionalmente, la politóloga Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, ha expresado una preocupación fundamental sobre la confiabilidad de Venezuela como socio. Borda advirtió que «las autocracias no son socios confiables» y que «cualquier forma de acuerdo internacional implica una cesión parcial de la soberanía, y esas cesiones solo se hacen cuando la contraparte es confiable». Concluyó que «ninguna de esas condiciones se cumple en el caso del acuerdo que regirá esta zona binacional».
El memorando de entendimiento, que, según algunas fuentes, fue firmado el 1 de julio de 2025 en Caracas, aunque otras mencionan el 14 de julio o el 17 de julio, busca establecer una «Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional». Abarca inicialmente los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, con el propósito de fomentar el comercio, la industria, el turismo, la salud y la educación. No obstante, a pesar de que el gobierno colombiano defiende la medida como una forma de «recuperar la soberanía» y crear «condiciones sociales y económicas», las voces críticas persisten en señalar los riesgos inherentes a un pacto que, para ellos, se teje con hilos de peligro y desconfianza.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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