La declaración de culpabilidad de Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y figura legendaria del narcotráfico, en un tribunal de Nueva York ha desatado un torbellino de implicaciones que van más allá de su condena a cadena perpetua.
08/25/2025. Este giro judicial no solo pone fin a medio siglo de impunidad para el capo, sino que también revela una «verdad doblemente incómoda» para la región, exponiendo la corrupción estructural en México y la unilateralidad en la relación con Estados Unidos.
La corrupción en méxico al descubierto
Ante el juez Brian Cogan, «El Mayo» Zambada, de 77 años y visiblemente envejecido, se declaró culpable de dos cargos relacionados con crimen organizado, incluyendo conspiración de crimen organizado y dirigir una empresa criminal continua. En su confesión, reconoció haber dirigido una vasta red criminal por cinco décadas y admitió haber entregado sobornos sistemáticos a autoridades policiales, militares y políticas en México. Estas revelaciones confirman lo que muchos sospechaban: que el negocio de las drogas no florece sin la complicidad del poder.
La fiscal Pam Bondi acusó que «El Mayo» operó con impunidad en los más altos niveles, controlando y corrompiendo a funcionarios para asegurar el tránsito de drogas desde México a Estados Unidos. Esta admisión desmantela la narrativa oficial de una guerra de «héroes contra villanos», reemplazándola por la imagen de un «sistema de vasos comunicantes» donde los sobornos lubricaban la maquinaria del crimen organizado. Según la experta Stephanie Henaro, el verdadero «Mayo» no es solo un hombre, sino un «espejo del Estado capturado», y su confesión subraya que la corrupción no es excepcional, sino estructural. Aunque Zambada se hunde, las estructuras que lo protegieron y permitieron su crecimiento siguen vivas y adaptándose.
Justicia estadounidense, violencia mexicana: la unilateralidad bilateral
La magnitud de la operación criminal de Zambada es impactante. Él declaró haber traficado aproximadamente 1.5 millones de kilos de cocaína, mayormente hacia Estados Unidos, y como parte del acuerdo, el gobierno estadounidense exige que pague 15 mil millones de dólares. Esta cifra refleja el enorme alcance de su imperio y, según estimaciones, su patrimonio superaría incluso al de algunas de las personas más ricas de México.
Sin embargo, la justicia en este caso se percibe como unilateral. A pesar de su culpabilidad, los abogados de Zambada han aclarado que no revelará nombres de posibles cómplices o políticos de México y Latinoamérica, alegando que toda la información relevante ya consta en las pruebas presentadas ante la corte. La fiscal Pam Bondi también indicó que no se revelará cómo la droga llegó a suelo estadounidense. Este enfoque, sumado a que los 15 mil millones de dólares incautados pasarán al erario estadounidense —una cifra que equivale a casi una cuarta parte del presupuesto educativo de México en 2025—, refuerza la percepción de desconfianza de Washington hacia México.
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, agradeció al gobierno de México por su colaboración. No obstante, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado la falta de información de Estados Unidos sobre la detención de «El Mayo», lo que subraya las tensiones en la comunicación bilateral. Este escenario ha sido calificado por expertos como una situación donde «la justicia es estadounidense; la violencia, mexicana». La caída del Mayo es vista como una victoria estratégica para Washington, mientras que para México, se percibe como una derrota silenciosa.
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Un ciclo sin fin: El veredicto político y el costo ciudadano
La sentencia final de Ismael «El Mayo» Zambada está prevista para enero de 2026, donde enfrentará la posibilidad de cadena perpetua. Aunque se especula que podría colaborar con el sistema de justicia estadounidense para obtener beneficios, la realidad es que el «veredicto político ya está dictado».
La detención y confesión de capos como Zambada a menudo se convierten en «trofeos políticos», pero no se traducen en una transformación institucional profunda. La «verdad bilateral» es que ambos países parecen administrar la crisis a su conveniencia: Washington con una justicia selectiva y México con una simulación judicial. Mientras Estados Unidos capitaliza la incautación y proyecta fuerza internacional, México parece condenado a repetir la misma escena con diferentes protagonistas.
En última instancia, son los ciudadanos de la región quienes siguen pagando el alto costo de una guerra interminable contra el narcotráfico, una guerra que, hasta ahora, ni erradica la violencia ni desmantela la impunidad que «El Mayo» Zambada ha puesto al descubierto. La región se enfrenta a la incómoda pregunta de si este momento de verdad será un catalizador para un cambio real o simplemente otro capítulo en un ciclo ya normalizado.
Redacción Tony Romero para DHH con lectura de agencias
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