Lo que comenzó como una disputa legal se ha convertido en una batalla institucional sin precedentes. El presidente de Ecuador Daniel Noboa ha lanzado una ofensiva pública contra la Corte Constitucional, acusándola de frenar su cruzada contra el crimen organizado. Pero ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido, advirtiendo que el Ejecutivo podría estar socavando los pilares democráticos del país.
08/29/2025. La CIDH instó al gobierno de Noboa a “garantizar la independencia judicial y el libre ejercicio de funciones” de los jueces constitucionales, luego de que el mandatario los señalara como cómplices del crimen por suspender artículos clave de sus leyes de seguridad. En una marcha convocada por el propio presidente, se exhibieron los rostros de los magistrados bajo el lema “nos robaron la paz”, en lo que muchos interpretan como una campaña de intimidación institucional.
Las leyes en cuestión —como la de Inteligencia, Solidaridad Nacional y de Integridad Pública— han sido criticadas por organizaciones sociales por su potencial impacto en derechos fundamentales. La Corte, al suspender partes de estas normativas, se convirtió en el único contrapeso visible frente a un Ejecutivo que avanza con mano firme.
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La CIDH advirtió que los discursos de Noboa y el ambiente digital hostil contra los jueces podrían vulnerar su seguridad y autonomía, elementos esenciales para el funcionamiento de cualquier democracia. En medio de este pulso de poder, Ecuador se enfrenta a una pregunta crucial: ¿puede la lucha contra el crimen justificar el debilitamiento de sus instituciones?
Redacción DHH sobre lectura de agencias.
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