Colombia es testigo de una escalada de tensión sin precedentes entre el Gobierno Nacional y uno de sus principales medios de comunicación, Canal 1. Lo que comenzó como una investigación administrativa, ha derivado en una acalorada denuncia de «persecución sistemática» por parte del medio y una contundente respuesta del presidente Gustavo Petro, generando un debate crucial sobre la libertad de prensa y la aplicación de la ley en el país.
09/11/2025. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desató la polémica al abrir una pesquisa el martes 9 de septiembre de 2025, contra Canal 1 y Caracol Radio, por una supuesta integración empresarial no autorizada. Esta acción provocó una inmediata reacción del concesionario del canal, Plural Comunicaciones S.A.S., quien emitió un comunicado calificando la investigación como una «persecución política encabezada por el Gobierno Nacional» y un «intento de hostigamiento sistemático desde altas instancias». La sociedad detrás del canal incluso ha señalado que la operación que investiga la SIC es diferente a la que ellos refirieron en un primer trámite y que hubo reuniones previas con el ente de control y representantes de ambos medios.
En medio de esta situación, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, sentenciando: «Llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley». Sin embargo, esta afirmación presidencial fue rápidamente desmentida por autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), incluyendo al ministro Julián Molina, quienes aclararon que el contrato de concesión del Canal 1 se mantiene vigente hasta 2027, y según el propio Canal 1, hasta 2037 como señal pública y comercial que opera con capital colombiano.
La dura respuesta de Canal 1 a Petro: «se protegen delincuentes y corruptos»
La postura del presidente y la investigación de la SIC han encendido las alarmas en Canal 1, que ha arremetido con vehemencia. Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, no dudó en afirmar que la persecución no es contra el medio, sino «contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresarnos, contra la libertad que tenemos los colombianos de conocer la verdad». En una declaración que ha resonado fuertemente, Avendaño denunció un clima donde «se protegen a los delincuentes y a los corruptos y se persiguen a los que trabajan y hacen las cosas bien». Esta actuación, según la compañía, «no solo desconoce los hechos, sino que además se inscriben en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, que continúan la presión política».
La situación ha generado apoyo desde otras esferas políticas. Katherine Miranda, representante a la Cámara, expresó en X su preocupación: «La dictadura y expropiación de los medios de comunicación. El principal síntoma que de verdad vivimos en una democracia es la libertad de prensa, hoy la estamos perdiendo». A lo que Petro respondió, cuestionando dónde residiría la expropiación, si el espectro electromagnético es propiedad inalienable de la nación: «Katherin, el Canal 1 es una concesión del espectro electromagnético que terminó según el contrato. La constitución dice que el espectro electromagnético es de la nación y es inenajenable. ¿Nos puede informar en dónde existe entonces una expropiación? ¿Es decir que la nación expropia a canal 1 la propiedad de la nación? Que es el espectro electromagnético«.
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Este episodio se desarrolla en un contexto de gran tensión entre el gobierno y varios medios de comunicación privados en Colombia. En las próximas semanas, se espera que se defina el rumbo de este conflicto, que podría resolverse con sanciones de la SIC, acciones legales por parte de Canal 1 o la intervención de otros actores sociales y regulatorios.
Redacción Tony Romero para DHH.
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