En una jornada marcada por bloqueos, represión y una movilización histórica, Ecuador vivió este 16 de septiembre una de sus mayores protestas ciudadanas en años. Más de 50 mil personas tomaron las calles de Cuenca, desafiando el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, en defensa del agua y contra la expansión minera en la reserva ecológica de Quimsacocha.
09/16/2025. La marcha, que se extendió por casi cuatro horas, fue el epicentro de una ola de indignación nacional. Mientras transportistas paralizaban carreteras en al menos 50 puntos del país por el alza del diésel —que encarece los fletes hasta en un 50%—, ciudadanos, campesinos y ambientalistas se unieron en una sola voz: “¡El agua no se vende, se defiende!”
La respuesta del gobierno fue contundente. Noboa se atrincheró en un cuartel militar cerca de Latacunga, desde donde instaló su gabinete rodeado de altos mandos castrenses. La vicepresidenta María José Pinto hizo lo propio en Otavalo. Ambos justificaron el traslado como parte de una estrategia de “desconcentración territorial”, aunque las restricciones militares en torno a sus oficinas pintan otro escenario.
El decreto presidencial prohíbe la libertad de reunión, pero en Cuenca, la ciudadanía ignoró la orden. La protesta no solo desafió al poder, sino que evidenció una fractura profunda entre el gobierno y los territorios que se sienten ignorados y amenazados por decisiones extractivistas.
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Mientras tanto, la Corte Constitucional rechazó el intento de Noboa de incluir en la próxima consulta popular una propuesta para reducir el número de legisladores, lo que suma otro revés político en medio de la crisis.
Lo que comenzó como una protesta por el combustible se ha transformado en una revuelta por el territorio, la democracia y el derecho a decidir. Cuenca, con su multitudinaria marcha, se ha convertido en el símbolo de una nación que exige ser escuchada.
Redacción DHH.
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