Colombia sella un fallo histórico: ocho años para la Cúpula de las FARC por secuestro pero sin cárcel

En una decisión sin precedentes que busca romper el ciclo de violencia que ha marcado a Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia por el macrocaso de secuestro, declarando culpables a siete exlíderes del último secretariado de las extintas FARC. Este 16 de septiembre, el tribunal de justicia transicional impuso una sanción de ocho años de trabajos y obras con contenido reparador a la cúpula guerrillera, incluyendo a su máximo jefe, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’.

09/16/2025. La sentencia, considerada un hito en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, no implica penas de cárcel, sino la máxima sanción prevista por la justicia restaurativa para quienes han reconocido su responsabilidad. Los excomandantes deberán dedicar los próximos ocho años a labores como el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas y la participación en actos simbólicos de reparación con sus víctimas. «En ningún lugar del mundo los máximos responsables de una organización armada habían reconocido públicamente sus crímenes», destacó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayando la trascendencia global de este fallo.

Los siete sancionados, quienes ya habían aceptado su responsabilidad en las primeras fases del proceso, fueron declarados autores de crímenes de guerra, como la toma de rehenes, y crímenes de lesa humanidad, incluyendo privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. Durante el proceso, el tribunal documentó una política sistemática que resultó en más de 21,000 víctimas de secuestro. La investigación reveló tres patrones principales de esta práctica:

1. Obtener financiamiento a través del pago de rescates.
2. Presionar por canjes de prisioneros y buscar reconocimiento político.
3. Utilizar el secuestro como un método de control social y territorial.

Las víctimas de estos crímenes sufrieron tratos crueles e inhumanos, como encadenamientos, marchas forzadas, agresiones físicas y psicológicas, y en algunos casos, violencia sexual. La decisión judicial ha sido respaldada por la comunidad internacional; el Sistema de Naciones Unidas en Colombia la calificó como un avance que «contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición». Para garantizar el cumplimiento, los sancionados tendrán restricción de libertades, serán monitoreados con dispositivos electrónicos y supervisados por la ONU.

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Íngrid Betancourt: «me sentí humillada, burlada»

La histórica sentencia ha generado un profundo debate, y una de las voces más críticas ha sido la de Íngrid Betancourt, ex candidata presidencial y una de las víctimas más emblemáticas del secuestro en Colombia. Tras pasar más de seis años en cautiverio, Betancourt calificó la decisión de la JEP como «una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas».

Desde Francia, donde reside, expresó su indignación y aseguró que la sentencia «benefició» a los exjefes guerrilleros. Betancourt argumentó que, si bien las víctimas aceptaron que no hubiera cárcel tradicional como parte del acuerdo de paz, nunca consintieron que no hubiera una pérdida real de la libertad, aspirando al menos a una pena de prisión domiciliaria. «Les mintieron», afirmó, refiriéndose a las promesas hechas a las víctimas durante el proceso. Concluyó anunciando que llevará su caso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, declarando que «esta no es una historia que se cierra aquí». Su posición representa a un importante sector de víctimas que considera las sanciones insuficientes frente a la magnitud del daño causado.

Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.