La industria del entretenimiento en vivo se encuentra en un punto de inflexión tras la agresiva demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) contra Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation. La agencia gubernamental acusa al gigante de la boletería de participar en un esquema de ganancias millonarias a través de cargos excesivos, tarifas ocultas y la permisividad deliberada ante el uso de bots para acaparar y revender boletos, afectando directamente a millones de consumidores.
09/18/2025. La querella, presentada en un tribunal federal de California y respaldada por siete estados —Colorado, Florida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah y Virginia—, argumenta que Ticketmaster violó sistemáticamente la Ley BOTS (Better Online Ticket Sales) de 2016. Esta ley prohíbe explícitamente el uso de programas automatizados para comprar boletos masivamente y revenderlos a precios inflados.
Según la FTC, la empresa no solo toleró esta práctica, sino que encontró en ella un lucrativo modelo de negocio, cobrando comisiones tanto en la venta inicial como en la reventa dentro de su propia plataforma. Esta doble comisión convertía los sobreprecios en una fuente directa de ingresos para la compañía. Documentos internos citados en la demanda revelan que ejecutivos de la empresa admitieron «hacer la vista gorda como una cuestión de política» ante las violaciones de los revendedores desde al menos 2018.
Sanciones sin precedentes y un monopolio cuestionado
Las consecuencias para Ticketmaster podrían ser devastadoras. La Ley BOTS establece multas de hasta 53,000 dólares por cada violación. Dada la escala masiva de las infracciones, las sanciones podrían ascender a cifras nunca antes vistas, amenazando la estabilidad financiera de Live Nation. Entre 2019 y 2024, la compañía habría cobrado 3,700 millones de dólares solo en comisiones de reventa, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Además de las multas, la empresa podría ser obligada a reembolsar a los consumidores afectados por los precios inflados.
Esta acción legal se enmarca en un creciente escrutinio sobre el dominio casi absoluto de Live Nation y Ticketmaster, que controlan entre el 70% y el 80% del mercado de boletos en Estados Unidos. Este poder ha sido señalado como la causa principal de la falta de competencia y la escalada de precios que ha convertido la asistencia a conciertos y eventos deportivos en un lujo. «Llevar a la familia a un partido de béisbol o asistir al concierto de tu músico favorito no debería convertirse en un gasto excesivo», declaró Andrew Ferguson, presidente de la FTC.
El caso cobró notoriedad pública tras el caos en la venta de boletos para el «Eras Tour» de Taylor Swift en 2022, donde millones de fanáticos se quedaron sin acceso debido al colapso de la plataforma y la acción masiva de bots. La indignación de los «Swifties» llegó hasta el Congreso de EE.UU., donde legisladores de ambos partidos exigieron medidas contundentes.
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Un caso con repercusiones globales
La demanda de la FTC se suma a una acción antimonopolio previa presentada por el Departamento de Justicia en 2024, que acusa a Live Nation de operar un monopolio ilegal. El impulso para aplicar la Ley BOTS con mayor rigor también recibió el apoyo del expresidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva para fortalecer su cumplimiento.
Aunque el proceso judicial se lleva a cabo en Estados Unidos, sus implicaciones son globales. Ticketmaster opera en múltiples países, incluyendo México y otras naciones de América Latina, donde los consumidores han reportado quejas similares sobre cargos excesivos y dificultades para adquirir boletos. Una sentencia favorable para la FTC podría no solo reconfigurar el mercado estadounidense, sino también sentar un precedente para regulaciones internacionales más estrictas contra estas prácticas.
Mientras el proceso legal, que podría durar meses o años, avanza, el futuro de Ticketmaster pende de un hilo. La presión de legisladores, artistas y consumidores es cada vez mayor, y la compañía se enfrenta a una encrucijada: cambiar radicalmente su modelo de negocio o exponerse a sanciones que podrían sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento en vivo.
Redacción Tony Romero para DHH.
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