La Sala de Casación Penal confirmó la decisión de un tribunal inferior, argumentando que la orden de detención inmediata contra el exmandatario carecía de la motivación necesaria. Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal, continuará en libertad y activo en la política mientras se resuelve su futuro judicial.

09/18/2025. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó este jueves la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que permite al expresidente Álvaro Uribe Vélez permanecer en libertad mientras se resuelve la apelación a su condena de primera instancia. Esta determinación se produjo al resolver una acción de tutela presentada por la defensa del exmandatario.
En su fallo, la Sala de Casación Penal del alto tribunal subrayó que «para la privación de la libertad del condenado se requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad». La Corte reafirmó así el «carácter excepcional de la restricción de la libertad» y la «carga argumentativa» necesaria para limitarla, especialmente antes de que una sentencia quede en firme.
La decisión del Supremo se basa en que las razones expuestas por el Juzgado 44 Penal del Circuito para ordenar su captura inmediata no cumplían con un «estándar de motivación constitucionalmente admisible». Además, la Corte consideró que el buen comportamiento de Uribe durante el proceso y su asistencia voluntaria a las citaciones judiciales contradicen la necesidad de una privación inmediata de su libertad. También calificó como «inexistente» el riesgo de manipulación de pruebas, dado que la fase probatoria del juicio ya concluyó.
Un caso que invirtió los papeles
Este complejo caso, conocido como el ‘juicio del siglo’ en Colombia, se remonta a 2012. En ese año, Álvaro Uribe, entonces senador, demandó al congresista de izquierda Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Uribe acusaba a Cepeda de buscar testimonios falsos en cárceles colombianas para vincularlo con el surgimiento de grupos paramilitares en la región de Antioquia.
Sin embargo, la investigación judicial dio un vuelco inesperado. La Corte Suprema no solo se abstuvo de investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que era él quien, a través de sus abogados, manipulaba a testigos para que no lo relacionaran con el paramilitarismo. De esta forma, Cepeda pasó de ser el acusado a la víctima del proceso, mientras que Uribe, el demandante original, se convirtió en el investigado.
La investigación determinó que emisarios del expresidente, como el abogado Diego Cadena, habrían intentado ofrecer beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios y favorecieran a Uribe.
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La condena y el futuro político
A principios de agosto de este año, la jueza Sandra Heredia halló a Uribe culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano en recibir una condena penal. La sentencia en primera instancia le impuso una pena de doce años de régimen domiciliario y una inhabilitación para ejercer funciones públicas por más de ocho años. Tras el veredicto, la jueza ordenó su captura inmediata, una decisión que la defensa apeló, argumentando que la orden de captura es una de las decisiones que pueden ser cuestionadas a través de este recurso.
A pesar de la condena, Uribe, de 73 años, se mantiene activo en la arena política. Su partido, el derechista Centro Democrático, lo ha incluido como el número 25 en su lista al Senado para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, confirmando su intención de volver al Congreso.
Redacción de DHH sobre lectura de agencias.
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