En los pasillos del poder estadounidense se está gestando una iniciativa que podría redefinir drásticamente la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio: un nuevo marco legal que otorgaría al presidente de Estados Unidos la autoridad para lanzar operaciones militares contra los cárteles de la droga en países de América Latina, incluso sin el consentimiento de esas naciones.
09/19/2025. La propuesta, que hasta hace poco parecía inconcebible, está ganando tracción y ya genera un intenso debate sobre su validez bajo el derecho internacional y las propias leyes estadounidenses.
Un proyecto de ley en el centro de la tormenta
La punta de lanza de esta estrategia es un proyecto de ley redactado por el representante republicano Cory Mills, el cual ya fue enviado a la Casa Blanca. Este documento busca autorizar al Ejecutivo a utilizar «todas las fuerzas necesarias y apropiadas» contra cualquier organización, persona o nación que el presidente determine como «narco-terrorista». La iniciativa contempla operaciones militares tanto en aguas internacionales como, potencialmente, en suelo extranjero.
Para darle sustento a esta medida, el borrador introduce una nueva y amplia definición de «actividad narco-terrorista», describiéndola como cualquier participación en el tráfico de sustancias controladas que esté vinculada con terrorismo, violencia o que represente una amenaza para la seguridad nacional, pública o la estabilidad internacional.
Bajo este nuevo paraguas, no solo estarían en la mira los cárteles mexicanos, recientemente designados como grupos terroristas, sino también otras organizaciones de alto perfil como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, que según Washington es controlado por el gobierno venezolano. La lista de objetivos potenciales también podría incluir a grupos colombianos como las Farc-EP, el ELN y la Segunda Marquetalia, cuyo involucramiento en el narcotráfico ha sido documentado.
Entre zonas grises y justificaciones legales
Paralelamente a la iniciativa legislativa, funcionarios del Departamento de Estado ya están trabajando en la redacción de memorandos y documentos legales. El objetivo es presentar al Congreso un «modelo» jurídico que sirva para justificar estas operaciones de gran envergadura, dándoles una apariencia de legalidad a acciones que de otro modo operarían en una «zona gris» del derecho internacional.
Este esfuerzo coincide con una reciente movilización militar ordenada por la administración Trump en el Caribe y ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga, acciones que resultaron en la muerte de 14 personas y encendieron las alarmas sobre la base legal utilizada.
Expertos en derecho internacional y hasta funcionarios del Pentágono recuerdan que la práctica habitual exige el consentimiento del país afectado o una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para el uso de la fuerza en territorio ajeno, salvo en casos de legítima defensa. Señalan que la simple designación de un cártel como «organización terrorista» no lo convierte automáticamente en un objetivo militar legítimo bajo las leyes de la guerra.
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Un arma de doble filo: ¿flexibilidad o delegación peligrosa?
De ser aprobada, esta ley transferiría al presidente una autorización explícita que hoy no posee. Sus promotores argumentan que esto proporcionaría «flexibilidad operativa» y rapidez para neutralizar amenazas que, aseguran, están costando vidas estadounidenses. Desde su perspectiva, reduciría la carga política y legal de cada operación, ya que el Ejecutivo actuaría bajo un mandato directo del Congreso.
Sin embargo, los críticos, incluyendo congresistas demócratas y analistas, lanzan una seria advertencia. Califican la medida como una «delegación peligrosa de las facultades de guerra» que podría erosionar los controles democráticos y normalizar el uso de la fuerza extraterritorial con criterios amplios y vagos. Advierten sobre las inevitables consecuencias: incidentes diplomáticos graves, muertes de civiles y el riesgo de desatar una nueva espiral de violencia en la región.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH sobre informaciones de agencias
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