La política de Washington hacia Venezuela, bajo la administración Trump, se revela como una estrategia profundamente dividida. Mientras el poder militar y la retórica de máxima presión se mantienen intactos—e incluso respaldados por el Congreso—, en el ámbito económico se gestan movimientos discretos de flexibilización de sanciones que apuntan a intereses energéticos regionales y corporativos.
10/08/2025. Esta dualidad expone un difícil equilibrio entre la necesidad de mantener la presión geopolítica y la pragmática búsqueda de estabilidad energética en el Caribe.
El senado respalda la fuerza militar contra el narcotráfico
El flanco de la confrontación militar en el Caribe ha recibido un espaldarazo significativo por parte del Senado estadounidense. Los republicanos en la cámara rechazaron un proyecto de ley que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para emplear la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico.
La votación se realizó en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, diseñada para reafirmar la autoridad del Congreso en la declaración de conflictos. El intento demócrata de exigir la autorización congresual antes de ordenar nuevos ataques militares fue derrotado por 51 votos en contra y 48 a favor, dividiéndose en gran medida según las líneas partidistas.
La Casa Blanca ha justificado el uso de la fuerza militar alegando que los narcotraficantes son «combatientes armados» que representan una amenaza para Estados Unidos. Esta campaña militar ya ha resultado en la destrucción de cuatro embarcaciones, la muerte de al menos 21 personas y ha impedido, según la Casa Blanca, que narcóticos lleguen a Estados Unidos.
A pesar de que demócratas y algunos republicanos han expresado inquietud sobre esta «extraordinaria reivindicación» de poderes presidenciales y han solicitado más aclaraciones sobre la justificación legal de los ataques, el rechazo del Senado a limitar el poder de Trump permite que los ataques militares continúen. Líderes republicanos, como el senador Jim Risch, argumentaron enérgicamente contra la resolución, agradeciendo a Trump por sus acciones y expresando la esperanza de que los ataques militares persistan, señalando que gran parte de las drogas están ahora «en el fondo del océano».
La apertura económica: el gas venezolano para Shell
En contraste con el despliegue de buques de guerra y los bombardeos a supuestos barcos de narcotráfico frente a las costas venezolanas, en el ámbito económico la administración Trump parece estar abriendo una ventana de oportunidad.
Shell Plc se está preparando para reanudar el trabajo preliminar en el yacimiento de gas costa afuera Dragón, con el objetivo de suministrar gas a la vecina Trinidad y Tobago. Shell confía en que la administración Trump le otorgará una nueva licencia que exima al proyecto de las sanciones impuestas a Venezuela.
El proyecto Dragón, situado en aguas poco profundas entre ambos países, es crucial para reabastecer de materia prima al complejo de licuefacción y a las plantas petroquímicas de Trinidad, que actualmente experimentan escasez de gas. Trinidad es un exportador clave de GNL (Gas Natural Licuado), amoníaco y otros derivados del gas.
Esta inminente licencia para Shell, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, se suma a la licencia restringida ya emitida a Chevron Corp. en julio para reanudar la producción y exportación de petróleo pesado venezolano. Se espera que Shell y otras compañías vinculadas a proyectos de gas que beneficiarían a Trinidad sigan este ejemplo.
Es importante recordar que la Casa Blanca revocó las licencias de petróleo y gas en Venezuela en abril, precisamente para aumentar la presión sobre el país, al que considera un refugio para cárteles de la droga. Sin embargo, la movilización de ejecutivos de compañías petroleras y funcionarios trinitenses viajando entre Washington, Caracas y Puerto España demuestra los intensos esfuerzos diplomáticos y comerciales para reactivar estos planes de gas.
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El análisis de la estrategia dual
La inminente licencia para Shell pone de relieve la clara estrategia de la administración estadounidense hacia Venezuela, una estrategia que está «dividida en dos».
- Presión geopolítica y de seguridad: Se mantiene la postura de máxima confrontación y seguridad, autorizando el uso de la fuerza militar letal en el Caribe, justificada bajo la lucha contra los cárteles. Esta es una política de línea dura sin compromiso en el aspecto de la seguridad y el combate al narcotráfico, donde el Senado ha ratificado la amplia autoridad ejecutiva de Trump.
- Pragmatismo energético y regional: Se introducen excepciones a las sanciones para facilitar proyectos de energía que son vitales para los aliados regionales (como Trinidad) y que involucran a importantes compañías occidentales (Shell y Chevron). Esto sugiere un interés económico y de estabilidad regional que supera la rigidez total del régimen de sanciones previamente establecido.
El análisis concluye que Washington está ejecutando una política compleja que busca simultáneamente estrangular económicamente a Venezuela (manteniendo las sanciones generales) y, a la vez, inyectar excepciones estratégicas para proyectos que alivian la escasez de gas en la región y benefician a sus aliados, mientras que militarmente mantiene una presencia activa justificada en la lucha contra el narcotráfico. Esta mezcla de confrontación militar respaldada por el Congreso y aperturas económicas discretas define la volátil relación entre Estados Unidos y Venezuela bajo la actual administración.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH sobre lectura de medios.
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