Un ataque armado registrado en la tarde de este lunes festivo en la localidad de Usaquén ha encendido las alarmas sobre la situación de seguridad y las garantías institucionales que enfrentan las personas solicitantes de refugio y defensores de derechos humanos en Colombia.
El blanco del atentado fueron dos prominentes voces del exilio venezolano en el país: Luis Alejandro Peche, analista político, y Yendri Velásquez, reconocido defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+. Peche, además, cuenta con nacionalidad colombiana. Los hechos ocurrieron en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, cuando ambos salían de un conjunto residencial ubicado en la carrera 19 con calle 134.
La metodología del «mensaje de advertencia»
Las investigaciones preliminares han revelado detalles inquietantes que sugieren que el ataque no buscaba el asesinato, sino, más bien, «enviar un mensaje». Las primeras pruebas apuntan a la participación de tres sujetos que, según fuentes informantes, residían presuntamente en el mismo edificio que las víctimas (los atacantes en el apartamento 204 y las víctimas en el 504).
Un punto crucial que diferencia este incidente del sicariato tradicional es el armamento utilizado: no se emplearon pistolas de fuego convencionales, sino armas traumáticas modificadas. Esto refuerza la hipótesis de que el caso no corresponde al patrón habitual de asesinato por encargo.
Las posibles motivaciones que se barajan son claras: el ataque podría tratarse de un mensaje de advertencia para silenciar a los activistas o una forma de presionarlos para que abandonen el país. El vehículo en el que se movilizaron los presuntos agresores fue hallado posteriormente abandonado en la localidad de Suba, y dentro de él se encontraron las armas traumáticas modificadas.
Estado de salud y cuestionamientos a la protección
Tras el atentado, ambos activistas fueron trasladados a un centro médico. Yendri Velásquez, fundador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, recibió impactos de bala en el brazo y fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente, se encuentra bajo custodia policial en el centro médico a la espera de una segunda operación de carácter ortopédico. Luis Alejandro Peche, por su parte, recibió dos disparos en las piernas. Si bien las autoridades han determinado que no se comprometieron órganos vitales, Peche sigue en evaluación médica para definir la necesidad de una intervención quirúrgica.
La Policía ha establecido un perímetro de seguridad estricto en el centro de salud, restringiendo el ingreso solo a personal autorizado y enlaces de Amnistía Internacional que acompañan el proceso.
El ataque, sin embargo, ha desatado una ola de cuestionamientos institucionales. Organizaciones sociales denuncian la incapacidad institucional para brindar protección efectiva a personas migrantes y solicitantes de refugio. Se han señalado vacíos graves, incluyendo el debilitamiento de los centros integrales de atención, la ausencia de una Gerencia de Fronteras activa y la falta de coordinación efectiva con Migración Colombia. Voceros humanitarios han recalcado la necesidad de revisar las responsabilidades del Estado ante el incremento de riesgos para esta población, pues la respuesta institucional ha sido «limitada».
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Condena internacional y llamados urgentes
Organizaciones internacionales han emitido fuertes condenas, exigiendo acción inmediata al gobierno colombiano:
- Amnistía Internacional condenó el atentado contra su colega Yendri Velásquez, demandando a las autoridades colombianas que garanticen el pronto acceso a la protección internacional a las personas venezolanas, como Yendri. Ana Piquer, directora para las Américas, subrayó que la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos venezolanos exiliados en Colombia es un «hecho público y notorio».
- La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en Colombia también se pronunció, condenando el atentado y urgiendo a las autoridades a brindar protección a los dos activistas. Asimismo, hicieron un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables del ataque y a tomar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia, especialmente contra personas defensoras.
Las autoridades mantienen abiertos varios frentes de investigación, recolectando testimonios y registros audiovisuales para esclarecer el caso. Este atentado reitera, una vez más, que de los cerca de ocho millones de venezolanos que han huido de su país, casi tres se encuentran en Colombia, y su situación de riesgo para quienes defienden derechos en el exilio es inaceptable.
Redacción DHH sobre lectura de notas de eltiempo.com
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