La ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Pettovello, impulsa una profunda transformación de la asistencia estatal, en la que los beneficiarios dejarían de recibir subsidios directos y accederían a capacitaciones financiadas con vales de formación administrados por empresas privadas. La medida genera tensiones con las organizaciones sociales.
11/08/2025. El gobierno del presidente Javier Milei avanza en reemplazar los planes sociales por un sistema de vouchers laborales, iniciativa encabezada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y que busca transformar los programas de transferencias directas en becas de capacitación que conecten a los beneficiarios con el mercado formal de trabajo.
Según informó el diario Clarín, el nuevo esquema permitiría que las personas inscritas en los actuales programas de ayuda económica puedan utilizar un voucher estatal para financiar cursos de formación profesional, dictados por instituciones o empresas privadas.
“Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente pueda capacitarse en lo que quiera, en trabajos útiles para cada región del país”, señalaron desde el entorno de Pettovello.
Del subsidio al empleo formal
El medio trasandino consigna que el plan representa una evolución del programa Potenciar Trabajo, que en 2024 fue dividido en Volver al Trabajo (VAT) -con cerca de un millón de beneficiarios- y el Programa de Acompañamiento Social (PAS), que agrupa a unas 200 mil personas mayores de 50 años o madres de familias numerosas.
El sistema piloto se aplicará a través del Centro de Formación de Capital Humano, donde el ministerio busca ofrecer certificaciones progresivas para oficios y capacitaciones técnicas.
El modelo incluye un acuerdo con empresas privadas, que asumirían parte de la formación práctica. Entre las firmas que ya estarían en conversaciones figuran Sinteplast, dedicada a la fabricación de pinturas, y Arcos Dorados, franquiciada de McDonald’s en América Latina.
La idea del Ejecutivo es que el Estado ponga la infraestructura -edificios y mantenimiento- y las compañías se encarguen de los contenidos y la instrucción.
Al respecto, la secretaria de Estado apunta a extender el sistema a todas las provincias antes de fin de año, aunque aún no se ha definido cómo se financiarán los materiales ni los mecanismos de evaluación.
Crecen las tensiones sociales
El anuncio ha generado resistencia entre los movimientos sociales y organizaciones populares, que denuncian el congelamiento de los haberes y la falta de diálogo con el gobierno.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a trabajadores de comedores y cooperativas, realizó esta semana una marcha frente al Ministerio de Capital Humano para exigir un aumento inmediato del monto que perciben los beneficiarios -actualmente 78 mil pesos argentinos, congelados desde 2023- y un bono de emergencia.
“El Estado abandonó a los comedores y a los trabajadores de la economía popular”, señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
Desde el hobierno, en cambio, afirman que el objetivo es “romper con el asistencialismo y promover la autonomía laboral”.
Sin embargo, técnicos de la propia cartera reconocen que solo un 10% de los beneficiarios del programa Volver al Trabajo podría acceder a empleos formales, debido al bajo nivel educativo y la alta informalidad laboral.
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Cuestionamientos y causas judiciales
En el mismo tenor, el rediseño de los planes sociales también enfrenta cuestionamientos legales y reclamos judiciales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó acciones ante la justicia por la suspensión de más de 73 mil beneficiarios y la eliminación de otros 2.260 planes, advirtiendo que el gobierno viola el “principio de no regresividad” en materia de derechos sociales.
“El Estado tiene la obligación de justificar si un programa se cierra o se modifica, porque de lo contrario se afectan derechos adquiridos”, señaló el organismo.
Además, Pettovello eliminó la obligatoriedad de la contraprestación laboral, lo que, según analistas, redujo la influencia política de las cooperativas y movimientos sociales que gestionaban los antiguos planes.
En este sentido, el sistema de vouchers implicaría un giro estructural en la política social argentina, que desde hace dos décadas se apoya en transferencias directas condicionadas -como Jefes de Hogar o Argentina Trabaja– y que se expandieron durante los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
El gobierno trasandino sostiene que la nueva política apunta a “terminar con la intermediación” y fomentar la inserción laboral real, mientras los críticos la consideran una forma de desmantelar la red de contención social en un contexto de recesión y pobreza creciente.
Con información de latercera.com
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