A medida que Honduras se acerca a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el ambiente preelectoral está marcado por una profunda alarma internacional y una creciente preocupación de que la estabilidad democrática del país esté gravemente amenazada. Organizaciones de la sociedad civil y actores externos, incluyendo la Unión Europea (UE) y diversas ONGs de Estados Unidos, han encendido las luces rojas, advirtiendo que un proceso electoral creíble, transparente y pacífico está en riesgo.
11/19/2025. La razón fundamental por la cual se considera que la democracia y las elecciones están en juego radica en la percepción de que Honduras podría estar siguiendo el «mismo libreto que destruyó a Venezuela y Nicaragua». Esta tesis se sustenta en persistentes tensiones institucionales, la polarización política, y prácticas asociadas a la izquierda más radical, como intentos de coacción a la opinión pública, presiones sobre la prensa y manipulación de los resultados.
Distintas ONGs y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. han señalado acciones que buscan consolidar el poder del partido gobernante (Libertad y Refundación – LIBRE) a través de la manipulación del sistema judicial y electoral. Por ejemplo, se ha denunciado que el fiscal general, Johel Zelaya, aliado cercano de la presidenta Xiomara Castro, procesó penalmente a jueces responsables de validar la elección. Aunque la Corte Suprema de Honduras ratificó la inmunidad de los jueces, Zelaya continuó con el proceso judicial, enviando un mensaje claro: los jueces electorales que no se sometan al partido gobernante se enfrentarán a un proceso penal. Además, la UE ha advertido sobre denuncias de presiones a las instituciones electorales, incluyendo retrasos operativos y cuestionamientos sobre la adjudicación de contratos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ante este panorama crítico, la UE ha reclamado que las instituciones electorales, como el CNE, funcionen con total autonomía y eficacia, y ha instado a que el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, la Oficina del Fiscal General y el Poder Ejecutivo cumplan plenamente con la ley hondureña para salvaguardar el proceso electoral. Las Fuerzas Armadas, por su parte, deben permanecer estrictamente neutrales en su rol logístico definido constitucionalmente.
La candidatura de Nasry Asfura en la mira
En medio de esta turbulencia política, la contienda presidencial del 30 de noviembre enfrenta a dos proyectos antagónicos de gobierno y concepción social. Por un lado, se encuentra la continuidad de la familia Zelaya-Castro a través de Rixi Moncada y Salvador Nasralla; por otro, la propuesta de cambio encarnada por Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien representa la posibilidad de reincorporar a Honduras al grupo de naciones democráticas de la región.
Según encuestas internacionales, Asfura aventaja a sus contrincantes por al menos cinco puntos porcentuales. No obstante, el candidato opositor ha lamentado la necesidad de la intensa vigilancia internacional. Asfura expresó que «asusta y da pena que otros países tengan que decirnos qué hacer», refiriéndose a los mensajes del Departamento de Estado estadounidense que han manifestado inquietud por la institucionalidad y el respeto al voto. El candidato insistió en que es responsabilidad del gobierno hondureño asegurar elecciones limpias, garantizar la transparencia y la credibilidad de los comicios, y demostrar que respeta el voto.
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La advertencia contundente de María Elvira Salazar
La situación en Honduras ha captado la atención del Capitolio en Washington, D.C., con advertencias directas de legisladores estadounidenses. La congresista María Elvira Salazar ha sido una de las voces más firmes en denunciar la crisis.
Salazar utilizó sus redes sociales para declarar que lo que sucede en Honduras es «alarmante y nada nuevo». Ella enfatizó que la manipulación electoral y los atropellos institucionales siguen el «mismo libreto que destruyó a Venezuela y Nicaragua».
La congresista recalcó que Estados Unidos no puede quedarse callado mientras otro país del hemisferio cae en manos del autoritarismo. Además, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, al que pertenece Salazar, advirtió sobre las serias consecuencias geopolíticas de la situación hondureña. Sostuvieron que, tal como ocurrió en esos países (Venezuela y Nicaragua), la crisis política y económica resultante podría provocar «migraciones masivas hacia nuestra frontera sur y crear refugios seguros para las redes de narcotráfico».
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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