El Gobierno de Colombia de Gustavo Petro oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por un periodo inicial de 30 días.
12/23/2025. Mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el Ejecutivo asume facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria y presupuestal, buscando tapar un hueco fiscal de 16,3 billones de pesos tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
Los ocho pilares del «S.O.S.» gubernamental
La administración justifica esta medida excepcional bajo el argumento de que hechos «sobrevinientes» impiden garantizar servicios públicos esenciales y derechos fundamentales. Entre los argumentos centrales destacan:
- Salud y Seguridad: El cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) demanda 3,3 billones de pesos. Asimismo, la intensificación del conflicto armado y el uso de tecnologías como drones contra la Fuerza Pública exigen una inversión de 2,7 billones.
- Deuda Social y Energética: Se reportan obligaciones atrasadas en subsidios de energía y gas por 5,1 billones de pesos, lo que pone en riesgo la prestación del servicio, especialmente en la región Caribe.
- Desastres y Sentencias: El Gobierno debe atender la emergencia por desastre nacional debido al cambio climático y pagar sentencias judiciales pendientes que suman 1,5 billones de pesos.
- Asfixia Financiera: El Ejecutivo señala restricciones de liquidez en la Tesorería y limitaciones de endeudamiento agravadas por medidas de Estados Unidos y la incertidumbre global.
El golpe al bolsillo: ¿Qué impuestos se asoman?
Aunque el decreto no detalla los nuevos tributos, borradores oficiales sugieren una reforma tributaria encubierta. Se contempla el aumento del Gravamen a los Movimientos Financieros del 4×1.000 al 5×1.000, un impuesto al patrimonio para empresas con capital superior a 2.000 millones de pesos, e IVA del 19 % para licores y juegos de azar en línea. Además, se estudian contribuciones especiales para los sectores de minería, hidrocarburos y servicios financieros.
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Duelo de poderes: ¿medida necesaria o «fechoría» navideña?
La declaratoria ha encendido las alarmas en diversos sectores. El senador Carlos Fernando Motoa calificó la medida como un «decreto abusivo e inconveniente» presentado en plena temporada decembrina para distraer a la opinión pública, solicitando el retorno inmediato del Senado para realizar control político.
El debate jurídico ahora se traslada a la Corte Constitucional. Mientras el Gobierno sostiene que las herramientas ordinarias son insuficientes, analistas y gremios advierten que la desfinanciación del presupuesto era un hecho previsible, lo que invalidaría el requisito de «imprevisibilidad» necesario para un estado de excepción.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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