La Paz se ha convertido en el escenario de un violento choque social y político tras la implementación del Decreto 5503, una medida que eliminó los subsidios a los combustibles que rigieron por más de 20 años. Las calles de la capital de Bolivia ardieron este martes cuando manifestantes, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), intentaron tomar la Plaza Murillo utilizando dispositivos de dinamita, lo que dejó un saldo de al menos seis policías heridos y ocho personas detenidas.
12/26/2025. Esta crisis no solo se manifiesta en las barricadas, sino que ha provocado una ruptura sin precedentes en la cúpula del poder: el vicepresidente Edmand Lara se ha declarado oficialmente opositor al gobierno de Rodrigo Paz, lanzando la incendiaria advertencia de que «los tiranos van a caer».
El núcleo del conflicto es un ajuste económico drástico que ha disparado el precio del diésel en un 162% y el de la gasolina en un 86%. Para el gobierno, esta decisión es vital, pues permite un ahorro diario de 10 millones de dólares y garantiza el suministro que escaseó durante un año y medio. Como contrapartida, el presidente Paz decretó un aumento del salario mínimo a 3,300 bolivianos y el incremento de diversos bonos sociales. Sin embargo, estas compensaciones no han calmado a los sindicatos, quienes califican la norma como un «decreto de hambre y desesperanza» y exigen su derogación total como condición para cualquier diálogo.
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La guerra política ha escalado a niveles personales y digitales; el vicepresidente Lara, muy activo en la plataforma TikTok, ha tildado de «pelotudos» a los ministros y acusa a Paz de someterse a la agenda de sectores empresariales de derecha. Mientras Lara insta a los sectores movilizados a «no bajar la guardia», las cámaras de Diputados y Senadores han exigido que se retracte de sus acusaciones de corrupción, amenazándolo con procesos penales. Actualmente, la gobernabilidad de Bolivia pende de un hilo, con una huelga general indefinida activa por parte de los mineros estatales y un Ejecutivo que se niega a retroceder en su plan económico.
Esta situación es como una olla a presión a la que se le ha quitado la válvula de seguridad: mientras el gobierno intenta manejar la economía con medidas de austeridad urgentes, el descontento social y la traición política interna actúan como un fuego intenso que amenaza con hacer explotar la estabilidad del país.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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