El presidente Gustavo Petro ha decretado de manera unilateral el incremento del salario mínimo para el año 2026. Tras semanas de diálogos infructuosos en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional optó por una cifra ambiciosa que busca transformar el concepto de ingreso básico en lo que han denominado un «salario mínimo vital».
12/29/2025.
La radiografía del aumento: ¿Cuánto recibirá el trabajador?
A partir del primero de enero de 2026, los trabajadores colombianos que devengan el mínimo verán un ajuste del 23 % en su asignación básica. En términos monetarios, el salario base pasará a ser de COP 1.750.905, lo que representa un incremento de COP 327.405 respecto al valor de 2025.
A esto se suma el auxilio de transporte, un beneficio obligatorio para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, el cual quedó fijado en COP 249.095 (un aumento de COP 49.095). Al combinar ambos rubros, el ingreso mensual total de aproximadamente 2,4 millones de empleados alcanzará la cifra redonda de COP 2.000.000.
El sustento detrás del «Salario Vital»
La administración Petro no basó esta cifra únicamente en la inflación y la productividad. El mandatario explicó que se aplicó el concepto de «salario mínimo vital y móvil» orientado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual debe garantizar un acceso real a la canasta básica familiar.
Bajo esta lógica, el Gobierno calculó que un hogar promedio en Colombia tiene 3,4 integrantes y 1,5 trabajadores. Si la canasta básica para una familia de cuatro personas ronda los COP 3 millones, el salario decretado de COP 2 millones (con transporte) acerca al hogar a la cobertura total de sus necesidades básicas. Según el presidente, esto representa un crecimiento real del 18,7 % una vez descontada la inflación proyectada, el aumento más alto registrado en décadas.
Un pulso que no cedió: El fracaso de la mesa de diálogo
El decreto surge tras el estancamiento de las negociaciones entre los gremios, las centrales obreras y el Ministerio del Trabajo. Las posturas eran, a todas luces, irreconciliables:
- Los empresarios (ANDI, ACOPI, SAC): Propusieron un aumento del 7,21 %, argumentando que una cifra superior presionaría el costo de vida (inflación) y afectaría la estabilidad financiera de las empresas.
- Las centrales obreras (CUT, CGT, CTC): Solicitaron un 16 %, buscando saldar una «deuda histórica» de productividad no reconocida en los últimos 20 años.
- El gremio Fenalco: Su presidente, Jaime Alberto Cabal, ni siquiera se sentó a la mesa, alegando que no existían condiciones para una concertación real frente a las pretensiones del Gobierno.
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¿Inversión o riesgo económico?
El presidente Petro defendió el incremento como un motor de demanda agregada. Aseguró que, al aumentar el poder adquisitivo, la gente consumirá más en negocios de barrio y restaurantes, lo que a su vez generará mayores ingresos para los empresarios y reducirá la pobreza. «El salario no es un costo, es la inversión en el ser humano que crea riqueza», afirmó el mandatario.
Por el contrario, desde sectores gremiales como ACOPI se advirtió que el aumento podría ser excesivo, dado que solo una fracción de la fuerza laboral total (2,4 millones de 23 millones de ocupados) recibe formalmente el mínimo, y muchos cobros de la economía están indexados a esta cifra, lo que podría acelerar la carestía.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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