Crisis electoral en Honduras: el congreso obliga a un reconteo de votos, Tribunal Supremo lo rechaza y Trump amenaza

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La democracia en Honduras atraviesa una de sus pruebas más críticas tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

01/10/2026. Lo que debería ser una transición pacífica se ha transformado en un peligroso pulso de poderes que involucra decretos de última hora, advertencias internacionales y la vigilancia estricta de las fuerzas armadas.

El detonante: Un recuento bajo sospecha

El epicentro del conflicto se sitúa en el Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, quien mediante una sesión extraordinaria —calificada de ilegal por la oposición al contar solo con la presencia de diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre)— aprobó el decreto 58-2025. Esta normativa ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un conteo «voto por voto» de las 19,167 urnas de todo el país.

“Hemos dado instrucciones para que el Congreso Nacional mande una nota al Consejo Electoral con la copia de la Gaceta para que estos inicien de inmediato el escrutinio, caso contrario, será el Congreso Nacional el que hará el escrutinio tal como lo establece la Constitución de la República en el artículo 205 numeral 7”, declaró en las gradas de Casa de Gobierno. 


Redondo ha sido tajante: si el CNE no inicia de inmediato este escrutinio total, el propio Congreso Nacional asumirá la tarea, amparándose en el artículo 205 de la Constitución. Sin embargo, diversos sectores denuncian que esta acción busca obstaculizar la alternabilidad en el poder y desconocer la victoria de Nasry «Tito» Asfura, candidato del Partido Nacional, cuya elección ya fue certificada por el CNE tras recibir el respaldo de 3.8 millones de hondureños.

La presión de Washington y el giro de la Extradición

La crisis ha trascendido las fronteras, provocando una reacción inmediata de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. El Departamento de Estado advirtió sobre «severas consecuencias» para quienes intenten revertir ilegalmente el resultado electoral, subrayando que los hondureños merecen una transición en paz.

En medio de esta fricción, la presidenta Xiomara Castro tomó una decisión de alto impacto: retirar la suspensión del Tratado de Extradición con EE. UU., una medida que ella misma había ordenado en agosto de 2024. Castro justificó su postura criticando el indulto otorgado por Trump al expresidente Juan Orlando Hernández, calificándolo como una «grave contradicción» al tratarse de alguien condenado por narcotráfico. Mientras tanto, el presidente electo, Nasry Asfura, tiene previsto viajar a Estados Unidos para reunirse con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y posiblemente con funcionarios de Washington.

Instituciones en guardia: El TJE y las Fuerzas Armadas

Ante el decreto de recuento, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha levantado un muro legal. La institución advirtió que ninguna disposición legislativa puede estar por encima de la Constitución ni comprometer la cadena de custodia del material electoral. El TJE fue enfático al recordar a las Fuerzas Armadas que no están obligadas a obedecer órdenes ilegales que pretendan alterar el marco jurídico vigente o desconocer las declaratorias ya emitidas por el CNE.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, confirmó que más de 600 militares resguardan el material electoral y que la institución mantiene su respaldo a la declaratoria oficial que dio como ganador a Asfura.

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Un país dividido por el «ADN del conflicto»

La oposición no ha escatimado en calificativos. Diputados del Partido Nacional y del Partido Salvador de Honduras han tildado las acciones de Libre como «traición a la patria» y un intento de generar caos. Expertos legales señalan que cualquier reforma electoral o asunto de esta magnitud requiere una mayoría calificada de 86 votos, cifra que el oficialismo no alcanzó en la cuestionada sesión.

A medida que se acerca la fecha de la toma de posesión, el 27 de enero, la incertidumbre crece. Mientras el oficialismo se aferra al nuevo escrutinio como una bandera de transparencia, sus detractores lo ven como el último recurso para evitar la salida del poder.

Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.

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