Guatemala atraviesa una de las jornadas más críticas de su historia reciente en materia de seguridad ciudadana. Lo que comenzó como un operativo estatal para desarticular los privilegios en los centros penales ha desencadenado una ola de ataques coordinados que ha puesto al país en un estado de alerta máxima.
01/18/2026. El saldo es desgarrador: ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, víctimas de una represalia terrorista tras la caída del control criminal en la prisión Renovación 1.
Pulso de hierro: El fin de los privilegios en renovación 1
El detonante de la crisis fue la ejecución del «Operativo Centinela», una estrategia del Ministerio de Gobernación (Mingob) destinada a retomar el mando de las cárceles y eliminar las comodidades de las que gozaban los líderes de las pandillas. La tensión escaló cuando los reos de las prisiones Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18 iniciaron motines simultáneos, reteniendo a un total de 46 guardias penitenciarios como rehenes.
Los pandilleros del Barrio 18 exigían el retorno de sus privilegios, que incluían desde aire acondicionado y comida de restaurantes hasta el cese de los controles sobre encomiendas y visitas. Sin embargo, la postura del ministro Marco Antonio Villeda fue tajante: «No habrá negociación con terroristas».
La respuesta estatal fue contundente. Fuerzas especiales de la PNC, apoyadas por vehículos blindados del Ejército, irrumpieron en Renovación 1 utilizando gas lacrimógeno para someter a los amotinados. Durante la operación, se logró la neutralización de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias «El Lobo», máximo cabecilla del Barrio 18, y de Mario Roberto Barneond García, alias «Pantera». En las requisas posteriores, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, granadas de fragmentación y teléfonos celulares que eran utilizados para coordinar extorsiones.
Represalia en las calles: una nación en alerta máxima
La recuperación del control penitenciario fue respondida por el crimen organizado con una serie de ataques armados simultáneos contra sedes y patrullas de la PNC en diversos puntos del país, incluyendo Villa Nueva, Chinautla, San Pedro Ayampuc y varias zonas de la capital. Los nombres de los agentes fallecidos, entre ellos Claudia Azucena Muñoz Ramos y Samy Iván López García, han sido elevados a la categoría de héroes por las autoridades.
Ante la gravedad de la situación, el presidente Bernardo Arévalo convocó a un Consejo de Ministros para tomar decisiones drásticas destinadas a preservar el orden público. Como medida inmediata de prevención, se han implementado las siguientes acciones:
- Suspensión de clases: El Ministerio de Educación canceló las actividades escolares a nivel nacional para proteger a estudiantes y docentes.
- Paralización del transporte y eventos: Se deshabilitaron estaciones clave del Transmetro y se cancelaron eventos masivos como «Pasos y Pedales» y la «Feria de Esquipulitas».
- Patrullajes conjuntos: El Ejército de Guatemala ha desplegado tropas para realizar operativos combinados con la PNC en áreas urbanas de alto riesgo.
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El sector privado, a través del CACIF y las Cámaras de Industria y Comercio, ha manifestado su respaldo total a las acciones del Ejecutivo, subrayando que sin seguridad no puede haber desarrollo ni inversión. Mientras el país guarda luto por sus agentes caídos, el director de la PNC, David Boteo, ha ordenado una alerta máxima y autoprotección absoluta en todas las sedes policiales, asegurando que la institución no se doblegará ante las presiones de los grupos criminales.
Redacción Elena Calzadilla sobre lectura de agencias para DHH/
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