La madrugada del 28 de enero de 2026, Ecuador despertó con una de las operaciones judiciales más impactantes de los últimos años: el Caso Caja Chica. Bajo el liderazgo de la Fiscalía General del Estado y con el apoyo de la Policía Nacional, se ejecutaron múltiples allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas para desarticular una presunta red de delincuencia organizada enfocada en el lavado de activos.
01/28/2026. Este caso no solo apunta a las figuras más altas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), sino que sitúa al gobierno venezolano en el centro de una trama de financiamiento electoral irregular que habría operado al margen de la ley durante los comicios presidenciales de 2023.
El origen: ¿Dinero de Venezuela en la campaña de 2023?
La hipótesis central que maneja la Fiscalía es que la estructura delictiva habría facilitado el ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023. Según las investigaciones, estos fondos carecían de trazabilidad legal y no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE). El nombre «Caja Chica» surge precisamente de la sospecha de que existía una estructura de manejo de dinero en efectivo paralela a los registros oficiales de la organización política, utilizada para costear logística y movilización.
Este escándalo tomó fuerza tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas a inicios de enero de 2026, evento que dio paso a denuncias en la Asamblea Nacional de Ecuador sobre presuntos «tentáculos» del régimen venezolano operando en el país a través de aportes políticos y mecanismos financieros. La Comisión de Transparencia de la Asamblea, presidida por Diana Jácome, inició un proceso de fiscalización para determinar si detrás de la campaña de Luisa González y Andrés Arauz existieron fondos provenientes de un gobierno extranjero. Cabe destacar que ya existían alertas previas; en noviembre de 2025, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, denunció a González y otros miembros de RC ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por no presentar informes detallados sobre el origen de sus fondos de campaña.
Los rostros en el ojo del huracán: De Correa a González
La investigación de la Fiscalía ha identificado a ocho figuras clave vinculadas al correísmo que estarían involucradas en esta presunta red financiera. El objetivo de las autoridades es determinar si existe una relación directa entre los fondos no declarados de Venezuela y el patrimonio personal de estos dirigentes\. Los investigados son:
- Rafael Correa: Expresidente y líder del movimiento, quien calificó las acciones como «persecución» desde el extranjero.
- Luisa González: Excandidata presidencial en 2023 y exlíder de la RC, cuya vivienda fue uno de los puntos principales de los allanamientos.
- Andrés Arauz: Excandidato a la vicepresidencia y figura cercana a la cúpula del partido.
- Patricio Chávez: Asambleísta de la Revolución Ciudadana, a quien también se le allanó su domicilio.
- Suad Manssur: Exsuperintendenta de Compañías.
- Fausto Herrera y Patricio Rivera: Ambos exministros de Finanzas durante el correísmo.
- Bibian Hernández: Abogada mencionada anteriormente en los chats del caso Metástasis.
Además, se menciona a Hermita Hernández y René Rivera como parte de la notificación de investigación previa emitida por la Fiscalía para que ejerzan su derecho a la defensa.
El «madrugonazo» de los allanamientos y la tesis de persecución
La fase operativa del caso Caja Chica se materializó con cuatro diligencias técnicas: tres en inmuebles de Pichincha y uno en Guayas. El ingreso a la vivienda de Luisa González tuvo como fin la incautación de dispositivos móviles, computadoras y documentos que puedan sustentar la investigación por lavado de activos. Durante el operativo, la Fiscalía difundió imágenes de González leyendo la orden judicial, lo que provocó una airada reacción de la exdirigente, quien negó rotundamente haber recibido dinero de Venezuela o de carteles y acusó a la Fiscalía de realizar una «persecución política».
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Por su parte, el asambleísta Patricio Chávez denunció que un escuadrón de personas encapuchadas ingresó a su hogar a las cuatro de la mañana, llevándose su pasaporte pero sin encontrar, según él, pruebas incriminatorias. Otros líderes del movimiento, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, sostuvieron que este caso es un distractivo frente a otros escándalos del gobierno actual y una forma de «lawfare» o guerra judicial para callar a la oposición. Mientras el proceso avanza en la fase de investigación previa con carácter reservado, el país aguarda por detalles específicos sobre los montos y las rutas exactas que el efectivo venezolano habría seguido para infiltrarse en la política ecuatoriana.
Redacción equipo DHH con ayuda de IA.
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