El bolsillo de los colombianos ha quedado en el centro de un intenso pulso institucional. Lo que comenzó como un aumento histórico del 23 % para el salario mínimo de 2026 planteado por Petro, hoy se encuentra suspendido por la justicia, desatando una tormenta política que promete agitar tanto los tribunales como las plazas públicas.

02/15/2026. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo se llego a este punto y qué es lo que sigue para Colombia:
1. El origen: un aumento «sin precedentes»
A finales de 2025, el gobierno de Gustavo Petro decretó un incremento del salario mínimo del 23 %, basándose en el concepto de “salario vital”. Según el mandatario, esta cifra no fue un capricho, sino un cálculo técnico apoyado en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar que una familia de cuatro personas pueda cubrir sus necesidades básicas de calorías, vivienda y servicios.
2. El frenazo: la decisión del Consejo de Estado
El viernes 13 de febrero de 2026, el panorama cambió radicalmente. El Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el decreto del aumento. ¿La razón? El tribunal considera que el Gobierno no tuvo en cuenta criterios técnicos legales obligatorios, tales como:
- La meta de inflación del Banco de la República.
- La productividad económica del país.
- El crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
3. La reacción: “voy a aceptar”, pero con condiciones
El domingo 15 de febrero, el presidente Petro, en alocución nacional, anunció que respetará la decisión judicial pero que no dará su brazo a torcer en la defensa del «salario vital». Argumentó que los datos demuestran que el aumento no disparó el desempleo ni los precios, citando incluso estudios de JPMorgan Chase para respaldar la solidez de la economía.

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4. ¿Qué va a pasar ahora? (Hoja de ruta)
El conflicto no termina aquí; esto es lo que sucederá en los próximos días:
- Lunes 16 de febrero: Se convocó a una reunión de urgencia de la Comisión de Concertación con empresarios y sindicatos para buscar un acuerdo que sirva de base para un nuevo decreto.
- Decreto transitorio: El Gobierno expedirá un nuevo decreto de carácter temporal para que el salario no quede en el limbo mientras la justicia decide el fondo del asunto.
- Solicitud de más tiempo: Aunque el Consejo de Estado dio un plazo de ocho días para corregir el decreto, Petro anunció que pedirá una aclaración y una prórroga, pues considera que el proceso de sustentar los estudios técnicos tomará más tiempo.
- Jueves 19 de febrero: El presidente ha convocado a marchas nacionales a las 4:00 p.m. en todas las plazas públicas para que la ciudadanía defienda lo que él denomina el derecho a una «remuneración digna y móvil».
En resumen: Mientras el sector empresarial y el Banco de la República expresan preocupación por el impacto del aumento en la inflación futura, el Gobierno se prepara para una doble batalla: una técnica ante los magistrados para demostrar que el 23 % es viable, y una política en las calles para mantener su promesa de campaña de un salario que cubra el costo real de vida. El país queda a la espera de si el nuevo decreto transitorio mantendrá la cifra original o si habrá un ajuste hacia la baja para calmar las aguas judiciales.
Redacción Tony Romero para DHH con ayuda de IA.
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