Para el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, la recién aprobada Ley de Amnistía en Venezuela nace con una tara genética: su carácter excluyente. Al establecer hitos temporales específicos entre 2002 y 2025, la norma ignora deliberadamente que la persecución política en el país ha sido un proceso continuo y sistemático.

02/19/2026. Según Himiob, este instrumento incumple con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y deja intacto el bloque normativo que permitió el encarcelamiento de inocentes, manteniendo vigente la «causa eficiente» que alimenta el drama de los presos políticos.
Un «maquillaje» legal bajo la sombra del control
Lo que el oficialismo presenta como un paso histórico hacia la paz, diversos sectores críticos lo califican como un fraude legislativo diseñado para oxigenar al sistema judicial viciado. El análisis de la normativa revela trampas procesales inquietantes; por ejemplo, el artículo 7 exige que los perseguidos se sometan a la justicia del régimen para optar por el beneficio, lo que para muchos representa una sumisión absoluta ante las mismas instituciones que los criminalizaron.
Lejos de ser una solución integral, la ley parece invertir los roles de justicia:
- Impunidad para victimarios: Se denuncia que el texto brinda un manto de protección a quienes cometieron abusos, perdonando crímenes a conveniencia del poder.
- Chantaje político: La amenaza de juicios ordinarios por supuesta «reincidencia» (artículos 9 y 16) funciona como una espada de Damocles sobre la disidencia.
- Exclusiones clave: Quedan fuera del beneficio aquellos acusados de «traición a la patria» o «instigación al odio», figuras jurídicas frecuentemente utilizadas para perseguir a civiles y militares.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad de las víctimas
Mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió el mando tras la captura de Nicolás Maduro—, pregona que «hay que saber pedir perdón» desde el Palacio de Miraflores, la realidad en las calles es de una tensa esperanza. Aunque se han registrado algunas liberaciones, cientos de personas permanecen tras las rejas, y sus familiares, algunos tras huelgas de hambre, exigen una libertad real y no condicionada.
Incluso dentro del debate parlamentario surgieron interrogantes críticas sobre la responsabilidad del Estado. Se cuestiona la ausencia de normas que garanticen la reparación a las víctimas por los «errores y excesos» cometidos en la aplicación de leyes punitivas como la Ley contra el Odio, que han destruido familias enteras sin que hasta ahora se vislumbre castigo para los funcionarios responsables.
En definitiva, aunque figuras como Jorge Rodríguez celebren la ley como una vía de hermandad, el análisis jurídico sugiere que estamos ante una maniobra cosmética. Mientras el aparato represivo permanezca indemne y la amnistía se use como herramienta de control político, la verdadera reconciliación seguirá siendo una asignatura pendiente en la agenda venezolana.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH sobre lectura libre de noticias de lapatilla.com y agencias.
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