En una semana que podría marcar un antes y un después en las relaciones transatlánticas y el destino económico de Cuba, la Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a escuchar argumentos que definirán el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton.
02/23/2026. Este apartado legal, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas por el régimen castrista tras la revolución de 1959, nunca antes había sido interpretado directamente por el máximo tribunal.
Dos casos que podrían abrir las «compuertas» del litigio
El tribunal se centra en dos disputas emblemáticas que podrían sentar precedentes históricos. El primero enfrenta a la petrolera ExxonMobil contra la estatal cubana CIMEX, vinculada al conglomerado militar GAESA. Exxon reclama más de 1,000 millones de dólares por activos expropiados en 1960, y el debate jurídico se centra en si una empresa estatal cubana puede invocar la inmunidad soberana extranjera para evitar ser juzgada en cortes estadounidenses.
El segundo caso involucra a Havana Docks Corporation contra gigantes de los cruceros como Carnival y Royal Caribbean. En este litigio, por un valor de 440 millones de dólares, la Corte deberá determinar si el derecho a demandar exige que el reclamante posea un interés de propiedad vigente hoy o si basta con el hecho histórico de la confiscación sin compensación.
Implicaciones en un tablero de ajedrez diplomático
La revisión judicial llega en un instante de extrema sensibilidad política. Mientras los magistrados deliberan, trascendió que la administración de Donald Trump, a través del Secretario de Estado Marco Rubio, mantiene «discusiones sobre el futuro» de manera secreta con Raúl Guillermo Rodríguez Castro («Raulito»), nieto de Raúl Castro. Estas conversaciones buscan omitir los canales oficiales del gobierno de Miguel Díaz-Canel para tratar con una generación de cubanos más joven y con mentalidad empresarial.
Las implicaciones de un fallo favorable a los demandantes son monumentales:
- Avalancha de reclamaciones: Se estima que miles de demandas certificadas sobre centrales azucareros, refinerías y terrenos podrían reactivarse, generando un efecto dominó judicial.
- Presión financiera extrema: Para un régimen cubano que enfrenta una crisis energética y económica terminal, un fallo adverso podría asfixiar aún más la inversión extranjera, ya que cualquier empresa internacional que opere en la isla correría el riesgo de enfrentar juicios millonarios en EE. UU..
- Herramienta de negociación: El resultado del Supremo servirá como palanca en las conversaciones de Rubio. Mientras EE. UU. sostiene que «el régimen debe irse», el presidente Trump ha calificado a Cuba como una «nación fallida» que necesita un acuerdo para sobrevivir a la crisis humanitaria actual.
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Un precedente histórico
Históricamente, el Título III fue suspendido consecutivamente por los presidentes Clinton, Bush y Obama para evitar roces con aliados internacionales cuyas empresas invierten en Cuba. Sin embargo, tras la activación por parte de Trump en 2019 y la breve suspensión de última hora hecha por Joe Biden antes de dejar el cargo en 2025, la ambigüedad legal ha reinado.
Si la Corte Suprema opta por una interpretación amplia de la ley, no solo se validarán los derechos de propiedad de las víctimas de expropiaciones, sino que se enviará un mensaje contundente a la comunidad internacional: operar en Cuba conlleva una responsabilidad legal ineludible en suelo estadounidense. En este contexto de «diplomacia secreta» y presión judicial, el fallo del tribunal podría ser el catalizador definitivo para la transición que Washington busca forzar en La Habana.
Redacción Tony Romero Para DHH.
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