Venezuela: una justicia «sin despacho» frena la libertad plena de la ley de Amnistía

El exministro de Finanzas de Venezuela Rodrigo Cabezas denunció el bloqueo sistemático de los tribunales venezolanos frente a la Ley de Amnistía. Cabezas, quien actualmente es profesor activo de la Universidad del Zulia (LUZ), acudió al Tribunal Primero Antiterrorista del Distrito Capital con el fin de solicitar su libertad plena y el sobreseimiento de su causa, amparado en los artículos 10 y 11 de la referida ley. El economista busca dejar sin efecto las medidas cautelares de presentación mensual y prohibición de salida del país que pesan sobre él desde julio de 2025.

02/24/2026. Sin embargo, el proceso se convirtió en lo que Cabezas describió como una «burla» institucional. Tras esperar una hora luego de entregar su escrito, la secretaría del tribunal le informó que no podían admitir el documento debido a que, por instrucciones del juez Edward Briceño, se había determinado que «no hay despacho». El exministro denunció que los tribunales actúan como «verdugos» que violentan el mandato legal, manteniendo lo que considera un «fraude procesal» contra cientos de venezolanos.

Aqui el comuinicado:

A LA OPINIÓN PÚBLICA, A LA COMISION DE LA AN DE SEGUIMIENTO DE LA LEY DE AMNISTIA, A LAS ORGANIZACIONES DE DDHH Y A LAS AUTORIDADES DE LUZ.

El día de ayer, lunes 23 de febrero del presente año, me presente ante el Tribunal Primero Antiterrorista de la circunscripción judicial del distrito capital, para en cumplimiento de la Ley de Amnistía, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional y con ejecútese de la presidencia encargada, solicitar se me otorgué libertad plena, dictándose el sobreseimiento tal como se establece en el Art.10 y 11 de la referida ley, dejando sin efecto las medidas cautelares que pesan sobre mi persona, desde el 21-7-25, presentaciones mensual y prohibición de salida del país.

Ocurre que luego de recibirme el escrito a las 10 AM, se me hizo esperar por una hora, para comunicarme que no podían admitirlo dado que “no hay despacho”. Le manifesté a la secretaria del tribunal que me sentía burlado, dado que durante toda la mañana estaban laborando, procediendo a colocar a las 11 AM un cartel en la puerta del tribunal que indicaba que “no hay despacho”, afirmando que eran las instrucciones del juez Edward Briceño. Circunstancialmente coincidí con la ex presa política y defensora de los DDHH, Martha Lia Grajales, quien recibió la misma repuesta.

Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos, no se les puede permitir violentar la Ley de Amnistía, en ese sentido me he comunicado con la Dra. Nora Bracho, de la comisión parlamentaria de la AN y con directivos de ONG de DDHH, trasmitiendo esta irregularidad que mantiene prisioneros de una injusticia a cientos de venezolanos.

Ratifico que no he cometido delito alguno, que fui secuestrado por 41 días en el Helicoide, y reclamo como mi derecho humano, que se cierre el fraude procesal que me afectó junto a mis seres queridos. Solo así entenderé que el llamado a la reconciliación, convivencia, perdón y paz, es autentico.

Rodrigo Cabezas Morales

Economista/profesor activo de LUZ

Ex ministro de Finanzas (2007)

Sindicato de la Prensa ratifica el patrón de bloqueos: La denuncia del SNTP coincide con el calvario de Cabezas

Esta resistencia judicial no parece ser un hecho aislado, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció una situación idéntica dentro del marco de la implementación de la ley. El gremio alertó que diversos tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir las solicitudes de sobreseimiento presentadas por periodistas, utilizando excusas administrativas como estar de «comisión» o remitir a las víctimas de forma indebida a la defensa pública.

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Para el SNTP, esta negativa constituye una denegación de justicia y una violación directa al principio de celeridad, dado que la ley obliga a los tribunales a verificar y decidir sobre la amnistía en un plazo máximo de quince días. Mientras el Gobierno asegura que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática busca sanar «heridas profundas», la realidad en los pasillos del Palacio de Justicia sugiere un muro burocrático que impide que el llamado a la reconciliación se traduzca en hechos concretos para quienes siguen bajo medidas judiciales.

Redacción DHH.