La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha revocado el fallo de primera instancia que condenaba a la Argentina a pagar la astronómica cifra de 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de la petrolera YPF.
03/27/2026. Este veredicto no solo representa un alivio financiero sin precedentes, sino que pone fin, al menos temporalmente, al mayor litigio internacional en la historia del país.
¿Qué es YPF y por qué este juicio era una «espada de Damocles»?
Para entender la magnitud de la noticia, primero hay que comprender qué representa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Fundada en 1922, es la petrolera de bandera y su importancia es estratégica: es la encargada de liderar el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, fundamental para la soberanía energética y la balanza comercial del país.
El conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el aval del Congreso, decidió expropiar el 51% de las acciones de la empresa, que en ese momento estaba bajo control de la española Repsol. Sin embargo, los estatutos de YPF, diseñados durante su privatización en los años 90, contenían una cláusula que obligaba a cualquier comprador que adquiriera más del 15% de la compañía a realizar una oferta de compra (OPA) al resto de los accionistas minoritarios. Al no realizarse esa oferta, el fondo buitre Burford Capital —que compró los derechos para litigar a accionistas que quebraron— inició una demanda en Estados Unidos alegando una violación de esos estatutos.
El corazón del fallo: La soberanía por encima de los estatutos
La clave de este nuevo fallo judicial radica en que los jueces de apelación determinaron que la Ley de Expropiación argentina tiene una jerarquía superior a los estatutos de una empresa privada. Los magistrados señalaron que, bajo el derecho argentino, las decisiones soberanas del Congreso no pueden ser anuladas por normativas comerciales internas de una sociedad anónima.
El Tribunal de Apelaciones concluyó que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, realizó una «interpretación errónea» de la ley local. En términos sencillos: aunque se violaron promesas hechas a inversores en los 90, el remedio legal que buscaban los fondos buitre simplemente no es admisible bajo las leyes argentinas.
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Festejos y disputas políticas
La noticia fue recibida con euforia en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei calificó el fallo como un «triunfo histórico» y aseguró que su gestión logró «torcer el destino» gracias a su pericia diplomática y jurídica. No obstante, este festejo llega tras meses de posturas ambiguas: según los registros, el mandatario inicialmente había manifestado su «voluntad de pago» y llegó a proponer una «tasa Kicillof» para cancelar la deuda con un bono perpetuo.
Por otro lado, desde el sector que impulsó la nacionalización en 2012, se sostiene que el fallo confirma que la recuperación de la petrolera se hizo correctamente. Señalan que el gobierno actual simplemente reiteró los argumentos de defensa históricos que la Argentina ha mantenido durante años: que el juicio debía regirse por las leyes nacionales y que el Estado no tenía obligación de pagar por el 49% de las acciones que no expropió.
Consecuencias inmediatas
El impacto financiero fue instantáneo. Mientras Argentina celebra el ahorro de miles de millones de dólares —equivalentes a 60 millones de jubilaciones mínimas, según cálculos oficiales—, el fondo Burford Capital vio cómo sus acciones se desplomaban un 40% en Wall Street.
Aunque los demandantes aún tienen una última instancia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, los expertos consideran poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el caso, lo que consolida esta victoria legal como un hito que protege el patrimonio nacional y el futuro de la mayor empresa del país.
Redacción Tony Romero para DHH.
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