El presidente Daniel Noboa Azin suscribió el Decreto Ejecutivo 353, declarando un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias y cuatro cantones estratégicos del Ecuador. Esta medida, que tendrá una vigencia inicial de 60 días, responde a un escenario de violencia armada «estructural y persistente» que, según los informes de inteligencia, ha desbordado las capacidades ordinarias del Estado.
04/03/2026. Un marzo sangriento: El detonante del decreto La decisión presidencial se sustenta en cifras alarmantes recopiladas durante el mes de marzo de 2026. El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 coordinó un total de 197.314 emergencias, de las cuales el 70,4% estuvieron relacionadas con la seguridad ciudadana. Los informes revelan un panorama desolador: 545 homicidios intencionales registrados solo en las zonas intervenidas, con Guayas concentrando casi la mitad de estos casos. Entre los hechos más impactantes que motivaron la medida se encuentran el hallazgo de cabezas humanas en parques públicos de Babahoyo y El Guabo, asesinatos masivos en buses y el creciente reclutamiento de menores, incluyendo el caso de un niño de 13 años capturado con un fusil AK-47.
Poderes extraordinarios: Allanamientos sin orden judicial e interceptación de comunicaciones Lo más revelador de este decreto es la suspensión de derechos fundamentales para facilitar el accionar del «Bloque de Seguridad». La fuerza pública ahora está autorizada para realizar allanamientos inmediatos sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que existan indicios de que en un inmueble se ocultan miembros de grupos criminales o arsenales.
Además, el decreto suspende la inviolabilidad de la correspondencia, permitiendo la identificación y recopilación de información estrictamente pertinente para neutralizar amenazas terroristas y del crimen organizado. Otra medida contundente es la facultad de realizar requisiciones de bienes y servicios de origen lícito —como vehículos o equipos de comunicación— cuando sea estrictamente necesario para las operaciones militares y policiales, bajo promesa de indemnización posterior.
El mapa del conflicto y los enemigos identificados La intervención se focaliza en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. El gobierno ha identificado la presencia activa de 5 Grupos Armados Organizados (GAO), 1 Grupo de Delincuencia Organizada Transnacional (GDOT) y 7 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), destacando organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.
Un aspecto crítico mencionado en los informes técnicos es la capacidad de adaptación de estas mafias, que han diversificado sus delitos desde el narcotráfico y la minería ilegal hasta el secuestro, la extorsión («vacunas») y el uso de falsos uniformes militares para engañar a la población. Con este decreto, el Estado busca no solo reaccionar ante los ataques, sino desarticular las redes logísticas y los corredores estratégicos que conectan la costa con la sierra y las fronteras.
Redacción Tony Romero para DHH con ayuda de IA.
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