El candidato presidencial de Renovación Popular en el Perú, Rafael López Aliaga, ha solicitado formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se abstenga de proclamar los resultados finales de las Elecciones 2026. Esta petición, fundamentada en el Artículo 176 de la Constitución, surge tras denuncias de una “grave crisis” en el proceso, motivada por un supuesto “direccionamiento” por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
05/03/2026. La defensa legal del candidato, liderada por Wilber Medina Barcena, exige que cualquier proclamación quede suspendida hasta que se complete una auditoría informática profunda e integral. López Aliaga ha lanzado un desafío directo al ente electoral, otorgando un plazo de 24 horas para recibir un cronograma detallado sobre la participación de actores independientes y 48 horas para establecer los requisitos mínimos de una revisión técnica que el candidato considera, hasta ahora, “poco seria” por parte del JNE.
Logística en crisis y sombras de fraude
Esta ofensiva legal no ocurre en el vacío. El JNE ya había dispuesto realizar una «auditoría informática exhaustiva» el pasado 2 de mayo para intentar calmar las aguas y elevar los estándares de trazabilidad de sus sistemas. La medida fue una respuesta directa a las irregularidades logísticas detectadas durante la jornada del 12 y 13 de abril, donde la demora en la llegada de materiales electorales obligó a centros de votación en Lima a abrir con horas de retraso.
A estas fallas se sumaron problemas en el sistema de escrutinio en Lima y Callao, lo que sirvió de combustible para la narrativa de fraude impulsada por López Aliaga. Con el 97,46 % de las actas escrutadas, el margen es mínimo: Keiko Fujimori (17,12 %) y Roberto Sánchez (12,04 %) se perfilan para la segunda vuelta, pero López Aliaga se encuentra a tan solo 27.458 votos de diferencia (11,87 %), situando a Lima, su bastión electoral, en el centro de la controversia.
Un escenario de judicialización total
La presión sobre el sistema electoral no solo viene de la candidatura presidencial. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, miembro del mismo partido, ha presentado una acción de amparo ante la Justicia buscando anular la decisión del JNE que declaró inviable repetir los comicios en la capital peruana.
Para intentar blindar la legitimidad del proceso, el JNE ha anunciado que la auditoría contará con un comité académico de expertos nacionales e internacionales en ciberseguridad y tecnología. Este equipo independiente, que según el organismo no mantiene vínculos institucionales con el JNE, deberá garantizar la transparencia no solo de lo ocurrido en la primera vuelta, sino también del balotaje programado para el 7 de junio.
Mientras el reloj avanza, la democracia peruana se enfrenta al reto de convertir la desconfianza técnica en certezas institucionales, bajo la mirada vigilante de un electorado que exige claridad ante las fallas que marcaron el inicio de esta contienda.
Redaction Albitrio Fabrepe par DHH.
Más historias
Nicolás Maduro en la cárcel: su hijo revela detalles de la captura y cómo vive en prisión de Nueva York
Entran en vigor aranceles del 100% impuestos por Ecuador a importaciones colombianas
Venezuela: “El anuncio de bonificación sin salario es una condena al hambre para los trabajadores”