La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, ha iniciado este lunes 4 de mayo de 2026 una semana crucial de audiencias para resolver el histórico litigio fronterizo por la región del Esequibo. Este territorio de 160,000 km², rico en recursos naturales, se ha convertido en el epicentro de una disputa que ha escalado tras el descubrimiento de masivos yacimientos de petróleo en 2015.
05/04/2026. Mientras la comunidad internacional observa, ambas naciones presentan argumentos contrapuestos sobre la validez de fronteras trazadas hace más de un siglo.
Venezuela: Defensa de la soberanía y desconocimiento de la jurisdicción
El gobierno venezolano ha decidido acudir a las audiencias en los Países Bajos, aunque lo hace bajo una postura de protesta y firme cuestionamiento a la autoridad del tribunal. El canciller Yván Gil ha subrayado que la presencia de su delegación es meramente informativa para «mostrar la verdad» y no implica una aceptación de la jurisdicción de la CIJ en este caso.
Desde la perspectiva de Caracas, el Laudo Arbitral de 1899 carece de validez, y la única vía legal legítima es el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece el río Esequibo como la frontera natural histórica. Para la administración venezolana, liderada en este expediente por Delcy Rodríguez, el control del Esequibo es vital debido a sus reservas de crudo ligero de alta calidad, cuya extracción es considerablemente más rentable que el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco. Además, Venezuela busca deslegitimar las concesiones otorgadas por Guyana a empresas petroleras extranjeras, argumentando que no existe seguridad jurídica para tales inversiones mientras no se alcance un acuerdo bilateral satisfactorio.
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Guyana: Un reclamo vital por la integridad territorial
Para Georgetown, este juicio representa una cuestión de «importancia existencial», ya que el reclamo venezolano abarca más del 70% de su territorio soberano actual. El canciller guyanés, Hugh Hilton Todd, declaró ante los magistrados que la idea de ver su país desmembrado sería una «verdadera tragedia», privando a la nación de la gran mayoría de sus tierras y de su población.
Guyana fundamenta su posición en la plena vigencia de la frontera establecida en 1899 y solicita a la CIJ que ratifique definitivamente ese trazado. La nación, de apenas 800,000 habitantes, ha visto transformada su economía gracias a los descubrimientos realizados por ExxonMobil, alcanzando una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo. El presidente Irfaan Ali ha mantenido al país en estado de alerta, calificando las intenciones de anexión por parte de Venezuela como una amenaza constante a la paz y estabilidad de la región. Guyana confía en que la justicia internacional valide el statu quo que ha administrado por más de un siglo para asegurar su desarrollo económico futuro.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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