Perú no para de asombrar: el candidato que va al balotaje es acusado de ocultamiento de fondos

Mientras el conteo oficial de la ONPE confirma que Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, ha logrado su pase a la segunda vuelta para enfrentarse a Keiko Fujimori, una sombra legal amenaza con descarrilar su ambición de llegar a Palacio de Gobierno. El Ministerio Público ha lanzado una ofensiva legal contundente, solicitando 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad para el candidato, justo cuando el país se prepara para la definición electoral.

05/12/2026. La crisis se agudiza ante la posibilidad de que un mandatario electo pueda ser inhabilitado antes de asumir el cargo, ya que la Fiscalía no solo busca la cárcel, sino también su inhabilitación definitiva como presidente de su partido. La investigación, que se ha prolongado por seis años, apunta a un esquema de ocultamiento de fondos que habría burlado los controles de la ONPE durante tres procesos electorales distintos.

Radiografía de la acusación: Los delitos que cercan al candidato

La Fiscalía sostiene una tesis basada en el engaño sistemático al ente electoral, estructurada bajo dos cargos principales:

• Falsa declaración en procedimiento administrativo: Se le imputa haber faltado a la verdad en los informes de las elecciones regionales y municipales de 2018. En aquel entonces, Sánchez firmó documentos asegurando que su partido tuvo «cero» ingresos y gastos, una afirmación que la Fiscalía tilda de ficticia. Las pesquisas revelaron que, en realidad, se habrían movilizado más de S/204,000 a través de una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, hermano del candidato.
• Falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos: Este cargo se centra en las campañas de 2019 y 2020. El Ministerio Público detectó discrepancias graves, como un supuesto «aporte en especie» de S/27,400 por el uso de un local partidario en 2020; sin embargo, el presunto donante negó ante la ONPE haber realizado tal contribución, dejando al descubierto lo que sería un «aporte fantasma».

Por su parte, la defensa de Sánchez intenta blindar al candidato argumentando que él no elaboró los reportes financieros, sino que se limitó a firmarlos en su calidad de presidente, responsabilidad que delega en el tesorero y el contador del partido. Además, resaltan que el cargo por fraude en la administración ya fue archivado previamente.

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El destino de esta candidatura y, posiblemente, de la estabilidad del próximo gobierno, se empezará a decidir este 27 de mayo, fecha en la que el Poder Judicial evaluará si existen pruebas suficientes para iniciar un juicio oral que podría cambiar el destino del Perú en plena efervescencia electoral.

Redacción Tony Romero para DHH.