El centro de La Paz se ha convertido hoy en un auténtico campo de batalla. Entre el estruendo de los dinamitazos, el silbido de los petardos y nubes asfixiantes de gases lacrimógenos, la sede de gobierno vive una de sus jornadas más críticas. Columnas de manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos de Túpac Katari y vecinos de El Alto han logrado romper los cercos de seguridad, forzando a la Policía a una intervención masiva en las inmediaciones de la Plaza Murillo de Bolivia.
06/10/2026. Ante esta escalada de violencia que ya suma más de 40 días de parálisis, el presidente Rodrigo Paz ha decidido jugar su carta más fuerte. Tras una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el mandatario promulgó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, un mecanismo jurídico extraordinario que otorga facultades especiales a las Fuerzas Armadas para intervenir y preservar el orden constitucional.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático”, sentenció Paz desde la Casa Grande del Pueblo. Su advertencia fue tajante para quienes considera los instigadores de la crisis: “No voy a dejar pasar al narcoterrorismo… sus días están contados”.
La tensión no solo se respira en las calles paceñas. El país arrastra una herida abierta tras el fallido operativo en San Julián, donde un intento por desbloquear rutas terminó con un saldo de seis policías heridos, cuatro de ellos por impactos de proyectiles de armas de fuego, y civiles en estado de gravedad. El Gobierno sostiene la tesis de un complot orquestado desde el Chapare, acusando directamente al expresidente Evo Morales de enviar grupos armados y «enviados» para generar caos en la capital.
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Mientras el panorama se complica, el respaldo internacional aparece con la activación del «Escudo de las Américas» por parte de la administración Trump en apoyo al gobierno de Paz. Sin embargo, la presión interna no cede; líderes movilizados como David Mamani y dirigentes de la COB mantienen la exigencia de mejoras salariales o, en su defecto, la renuncia del mandatario, advirtiendo que el país se encamina a una «convulsión social» irreversible.
Con las carreteras bloqueadas y el centro paceño bajo resguardo policial extremo, Bolivia aguarda con incertidumbre los efectos de este nuevo régimen de excepción, en un momento donde el diálogo parece haber sido reemplazado por el estruendo de la pólvora y el despliegue militar.
Redacción equipo DHH.
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