La firma del monumental acuerdo de hidrocarburos entre el gobierno de los Estados Unidos y la administración de Caracas ha sacudido los cimientos de la geopolítica hemisférica. Anunciado sorpresivamente por el presidente Donald Trump como el acuerdo petrolero más grande en la historia mundial, este pacto entrega a manos estadounidenses el control de una porción colosal de la riqueza energética de Venezuela. Bajo la dirección de figuras clave de la Casa Blanca como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, Washington ha logrado lo que durante décadas pareció imposible: asegurar el dominio directo sobre la joya de la corona del subsuelo venezolano.

08/28/2026. Sin embargo, detrás del discurso de «prosperidad y reconstrucción», se esconde una realidad mucho más profunda y alarmante que venimos analizando de cerca.
Trump, el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe en el siglo XXI
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en nuestro portal www.dehablahispana.com hemos venido advirtiendo con insistencia que la política exterior de la Casa Blanca hacia América Latina no es fruto de la improvisación comercial. Por el contrario, está rígidamente guiada por las teorías geopolíticas del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. Este acuerdo es la prueba irrefutable de nuestras advertencias, pues su diseño resulta extraordinariamente favorable para los intereses de los Estados Unidos en detrimento de la soberanía venezolana.
La transacción ha sido estructurada para que la superpotencia del norte asegure el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas en Venezuela, logrando duplicar sus propias reservas domésticas y garantizar un suministro masivo que bajará drásticamente los precios de la gasolina para los ciudadanos estadounidenses. Lo más indignante es que Trump ha celebrado que todo este control se obtiene a costo cero para el contribuyente norteamericano.
A través de la participación de grandes corporaciones privadas como Chevron, el acuerdo contempla esquemas de arrendamiento de pozos y campos productivos por plazos de hasta un siglo en la faja petrolífera del Orinoco y la cuenca del lago de Maracaibo. En términos reales, Washington obtiene una participación directa en yacimientos que suman hasta 90 mil millones de barriles en reservas, una cifra que equivale al consumo de petróleo de todo el planeta durante casi tres años. Es un negocio redondo donde la potencia del norte absorbe energía barata sin arriesgar capital público, consolidando un esquema de subordinación económica sin precedentes en la era moderna.
El retorno de las viejas doctrinas: La teoría hecha práctica en el suelo venezolano y el saqueo total de sus riquezas
Para que nuestros lectores comprendan la magnitud del peligro, es necesario desglosar las dos doctrinas que hoy rigen las decisiones de la Casa Blanca:
- El Destino Manifiesto (Manifest Destiny): Nacido a mediados del siglo XIX, este concepto sostenía que el pueblo estadounidense estaba predestinado por voluntad divina a expandirse por todo el continente. Acuñado en 1845 por el periodista John L. O’Sullivan, sirvió para justificar la anexión de Texas y la posterior guerra contra México, bajo la premisa de que las poblaciones hispanohablantes e indígenas debían someterse ante una supuesta «superioridad moral y cultural» de la sociedad anglosajona, encargada de llevar la civilización a tierras consideradas «infrautilizadas».
- La Doctrina Monroe: Proclamada en 1823 bajo el lema «América para los americanos», nació originalmente para frenar la recolonización europea en el continente. No obstante, con la adición del Corolario Roosevelt en 1904, la doctrina dio un giro imperialista: se arrogó el derecho de ejercer un «poder de policía internacional» en América Latina, justificando invasiones y la imposición de hegemonía económica. La frase terminó significando, en la práctica, «América para los estadounidenses», convirtiendo a la región en su «patio trasero».
Hoy, la administración Trump pone en práctica estas doctrinas al pie de la letra. Lo que presenciamos no es un acuerdo petrolero aislado; el petróleo es únicamente la cabeza visible de un posible plan sistemático para tomar el control de todos los recursos inmensurables de Venezuela. El subsuelo venezolano es considerado la verdadera «Tierra de Canaán» en América por su concentración única de riquezas en todo el continente. Al analizar este tipo de actuaciones, queda claro que lo que Estados Unidos busca someter a su manejo va mucho más allá del crudo pesado:
- Ubicación Geoestratégica Privilegiada: Un territorio con salida directa a tres frentes comerciales cruciales: el Caribe, la proyección al Pacífico a través de la franja andina, y la salida al Atlántico por el Orinoco.
- Reservas de Gas Natural del Siglo XXI: Más de 5,700 trillones de metros cúbicos de gas natural, una de las capacidades más grandes del planeta que sitúa al país en los puestos de vanguardia global.
- Reservas Minerales Estratégicas:
- Una de las mayores reservas de oro del mundo.
- Presencia en el selecto grupo de los 10 países con mayores reservas de diamantes a nivel global.
- Yacimientos masivos de hierro.
- Inmensas reservas de Coltán (el «oro azul»), un recurso indispensable para la miniaturización de la tecnología, microchips y dispositivos móviles de última generación.
- Riqueza masiva de minerales industriales esenciales en la Franja del Orinoco, tales como calcio, manganeso y zinc.
- Riqueza Hídrica y Biodiversidad: El control del 65% de la cuenca del Orinoco, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, junto a una flora con un inmenso potencial farmacéutico para el desarrollo de patentes médicas altamente lucrativas.
Al apoderarse de la infraestructura de hidrocarburos, el capital estadounidense asegura la llave de entrada para la explotación y el control indirecto de todo este inventario de recursos vitales para la hegemonía tecnológica y comercial de Washington.

Un pacto en la sombra: Las severas críticas y el debate sobre la legitimidad constitucional
Como era de esperarse, este mega acuerdo ha levantado una ola de indignación y cuestionamientos profundos. El reputado economista Ricardo Hausmann lanzó una durísima crítica contra el secretario de Estado Marco Rubio, acusándolo de haber traicionado la confianza de los venezolanos al optar por «acostarse con los opresores» en lugar de liderar el restablecimiento constitucional y democrático del país. Hausmann denunció que el trato es un vergonzoso despojo de activos cerrándose con intermediarios cuestionables y que la firmante, Delcy Rodríguez, carece de total legitimidad constitucional para comprometer los recursos de la nación a largo plazo, por lo que advirtió que los venezolanos no respetarán este acuerdo espurio.
Por otra parte, los análisis técnicos revelan que las cifras del acuerdo son matemáticamente inviables y financieramente sospechosas. Actualmente, Venezuela produce cerca de 1 millón de barriles diarios, con una expectativa realista de expansión a 3 millones a mediano plazo. Incluso bajo un escenario sumamente optimista con una producción sostenida de 2 millones de barriles diarios, el país generaría unos 730 millones de barriles al año. A este ritmo, se requerirían casi 90 años de explotación ininterrumpida dedicada exclusivamente a honrar el trato de los 65 mil millones de barriles.
La gravedad de comprometer el patrimonio de las futuras generaciones a espaldas de la opinión pública y sin un debate nacional abierto viola los preceptos de la propia Constitución, la cual establece que los hidrocarburos pertenecen a todos los venezolanos. Este vergonzoso pacto deja en evidencia la hipocresía de la cúpula gobernante en Caracas, que durante años juró de forma incendiaria que «ni una sola gota de petróleo» iría a manos de los Estados Unidos, para terminar entregando el control mayoritario de sus reservas en una negociación secreta.
Este ambicioso acuerdo petrolero no hace sino confirmar categóricamente la línea de análisis que hemos sostenido con firmeza: estamos ante el inicio de una innegable etapa de neocolonización para Venezuela. No se trata de un simple convenio de beneficio mutuo o de una transacción mercantil común; es el sometimiento de la soberanía de una nación bajo las doctrinas expansionistas que rigen el segundo mandato de Donald Trump. La entrega del control de las riquezas venezolanas bajo la figura de arrendamientos por hasta un siglo evoca directamente el despojo histórico que sufrieron otros pueblos del continente bajo la premisa del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe.
La decisión de la administración Trump no responde a una simple planificación de mercado petrolero, sino que pone de manifiesto el carácter profundamente imperialista de los Estados Unidos en la geopolítica contemporánea. Al forzar un acuerdo que asegura el control de más de un tercio de las reservas de crudo de Venezuela a coste cero para su propio contribuyente, Washington está ejerciendo ese histórico «poder de policía» consagrado en el Corolario Roosevelt, ignorando la legitimidad constitucional y priorizando su seguridad energética a expensas de la soberanía latinoamericana. El presidente estadounidense no está haciendo negocios ordinarios; está delimitando por la fuerza su esfera de influencia global.
Finalmente, este pacto consolida la visión de que Venezuela ha sido formalmente reincorporada al ámbito de dominación absoluta de los Estados Unidos, validando la distorsión histórica de «América para los estadounidenses». Al apoderarse de la cabeza de playa que representa el crudo, el imperio del norte sienta las bases para el control futuro de los valiosos recursos minerales, hídricos y tecnológicos del subsuelo venezolano.
Redacción equipo DHH sobre lectura de acuerdos, textos de conceptos y ayuda de IA.
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