La exigencia ciudadana y política de una salida rápida a la crisis choca directamente con la complejidad de un proceso que prioriza construir garantías institucionales antes de convocar a las urnas. Frente a los sectores opositores en Venezuela que demandan «elecciones ya» o en el plazo más breve posible, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, ha optado por una postura de cautela estratégica.
09/10/2026. Al recordar que la delegación asumió esta responsabilidad apenas el pasado 1 de agosto y que le ha tocado transitar un camino sumamente difícil, Figuera busca matizar las expectativas de una solución electoral inmediata.
La razón detrás de esta narrativa responde a una lectura pragmática del escenario político: la dirigencia negociadora sostiene que un proceso de diálogo no consiste únicamente en fijar una fecha en el calendario comicial, sino en un proceso arduo para dirimir garantías entre actores con visiones contrapuestas. Figuera subraya que conciliar estas distintas posturas genera debates complejos y tensiones internas que requieren evaluación continua antes de derivar en acuerdos firmes. De este modo, la vocería opositora busca frenar la frustración social ante tiempos políticos que no se alinean con la prisa electoral, enfocando el esfuerzo en cimentar reglas de juego claras antes de lanzarse a la contienda.
El pulso por las garantías y el desmantelamiento del marco represivo
La hoja de ruta para la segunda ronda de conversaciones, programada para iniciar el próximo 15 de septiembre, centrará su debate en la mesa de libertades y derechos civiles y políticos. En este nuevo ciclo del diálogo que cuenta con el impulso de Estados Unidos, la delegación opositora —que sumará a Figuera a su regreso al país junto a otros dirigentes que permanecen en el exterior— pondrá sobre la mesa la libertad de expresión y la revisión del aparato normativo.
El foco principal estará colocado en la reforma de al menos cinco instrumentos legales clave:
- La Ley del Odio, cuestionada por ser utilizada para justificar detenciones tras la publicación de mensajes en redes sociales.
- La Ley de fiscalización y control de las ONG, orientada a cercenar el trabajo de la sociedad civil.
- La Ley Simón Bolívar, promulgada en 2024, que contempla penas de hasta 30 años de prisión, multas millonarias e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años a quienes promuevan sanciones.
- La Ley contra el Terrorismo, con el objetivo de actualizarla y adecuarla a los parámetros internacionales de derechos humanos.
Según explicaron dirigentes como Sergio Vergara y Macario González, el propósito es desarmar las leyes creadas con la intención de reprimir la disidencia y adaptarlas a un esquema respetuoso de los derechos humanos.
Los cimientos del primer ciclo: Reinstitucionalización del TSJ y auxilio por el terremoto
El reinicio de los encuentros no parte de cero, sino de los compromisos alcanzados en el primer ciclo que culminó el pasado 12 de agosto, en el cual no participan líderes como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Tras una semana de discusiones en esa fase inicial, las partes pactaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados son señalados por la oposición de actuar supeditados al Gobierno. Para viabilizar este cambio, el Parlamento controlado por el chavismo modificó la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones, una medida que el opositor Macario González catalogó como clave para devolver la independencia al poder judicial.
No obstante, la reconstrucción institucional demanda plazos técnicos inevitables: el opositor Juan Miguel Matheus precisó que el proceso de evaluación y postulación de los nuevos jueces puede demorar hasta 90 días, recordando que un procedimiento parlamentario previo iniciado en abril se vio interrumpido por el doble terremoto de junio. En el ámbito económico y social, esa primera ronda también permitió acordar la recuperación de recursos de la reserva internacional congelados en el Banco de Inglaterra para atender a las familias afectadas por dichos sismos.
De cara a los próximos días, voceros como Jorge Millán y Macario González piden paciencia a la opinión pública, remarcando que restablecer la institucionalidad «no es soplar y hacer botellas», pero confiando en que este diálogo aportará avances concretos para la reinstitucionalización del país.
Redacción equipo DHH.
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