En lo que representa un hito judicial contra la cúpula del régimen venezolano, se han dado a conocer los detalles del acuerdo de culpabilidad suscrito por Alex Saab ante la justicia de Estados Unidos. El confeso testaferro admitió su responsabilidad en el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, aceptó el decomiso de 195 millones de dólares en bienes y se comprometió a entregar información completa, verificada y confidencial que expone la arquitectura de corrupción detrás del programa social de alimentos CLAP.
09/16/2026. Las revelaciones contenidas en el expediente no solo destapan la red de operadores y empresas fachada que saquearon el erario público, sino que colocan a la figura designada como «Funcionario Gubernamental 1A» —cuyas características apuntan a Nicolás Maduro— en el centro exacto de la estructura criminal.
El acuerdo judicial, la condena en ciernes y las cláusulas de cooperación
La jueza a cargo del proceso fijó la audiencia de sentencia de Alex Saab para el próximo 20 de enero de 2027 a las 2:00 de la tarde, fecha en la que el acusado deberá comparecer nuevamente ante el tribunal. Mediante una rendición judicial, el procesado evitó ir a un juicio con jurado tras alcanzar un pacto con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Tanto la fiscalía como la defensa acordaron recomendar una pena de entre 17 y 22 años de cárcel, enfrentando Saab una condena cercana a los 20 años de prisión.
El documento judicial de 12 páginas, al que tuvo acceso la cadena NTN24, establece cláusulas estrictas de cooperación. El acuerdo prohíbe formalmente a Saab cualquier intento de proteger a personas o entidades mediante información falsa u omisiones voluntarias. Si el acusado incumple lo estipulado, Estados Unidos quedará liberado de sus obligaciones pactadas y el procesado perderá el derecho a retirar su declaración de culpabilidad. Asimismo, la justicia estadounidense precisó que la condena solo se reducirá si la fiscalía valora la información entregada por su calidad y trascendencia para otras investigaciones en curso.
La clave «Funcionario Gubernamental 1A»: El cerco a Nicolás Maduro
En la declaración de hechos firmada bajo pena de perjurio, Alex Saab reveló que la red criminal de lavado de activos no podía operar sin el aval, la protección y la participación de las más altas autoridades del régimen venezolano. Para resguardar la identidad del principal involucrado procesal, el expediente lo identifica bajo la clave de «Funcionario Gubernamental 1A».
Según la confesión de Saab, en el año 2015 sostuvo una reunión presencial con «1A», quien dio el aval para el esquema corrupto, recibió pagos ilícitos dentro y fuera de Venezuela y designó a un testaferro para cobrar los sobornos en su nombre. Las funciones y atribuciones descritas en el documento apuntan de manera inequívoca a Nicolás Maduro, al coincidir con las facultades exclusivas ejercidas por la jefatura del Ejecutivo entre 2015 y 2026, tales como la ordenación del gasto público en el Ministerio de Finanzas y la creación de programas nacionales como el CLAP.
El expediente detalla que «1A» presionó a instituciones bancarias públicas como Fondén, Bandes y Corpoex para desembolsar divisas a las empresas fachada de Saab. De igual forma, los puntos 22 y 23 del documento señalan que en 2019, al agotarse el efectivo, «1A» ordenó pagar las operaciones ilícitas con buques de petróleo de PDVSA y lingotes de oro del Banco Central de Venezuela.
La estructura procesal descarta a otras figuras del régimen debido a las competencias institucionales de la época:
- Delcy Rodríguez: En 2015 se desempeñaba como canciller, cargo que no tenía mando ejecutivo sobre el gasto público, las importaciones de alimentos ni la gestión del programa CLAP.
- Diosdado Cabello: Presidía la Asamblea Nacional en 2015 y carecía de mando ejecutivo sobre el presupuesto del Ministerio de Finanzas.
Al admitir Saab que dependía de las órdenes, la protección y el aval de «1A», su confesión se convierte en prueba documental dentro de la justicia de Estados Unidos que ubica a Nicolás Maduro en el centro de la red de corrupción.
Los operadores de la red, las empresas fachada y el impacto social del CLAP
El pacto judicial expuso el funcionamiento interno de la red de lavado de activos y la identidad de los principales operadores que acompañaron a Saab en el saqueo de recursos públicos:
- Álvaro Pulido Vargas: Socio estratégico de Saab que jugó un papel determinante al crear empresas fachada e inflar los precios en la importación de alimentos, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos para canalizar los fondos ilícitos.
- José Gregorio Bielma Mora: Exgobernador chavista del estado Táchira que en 2016 actuó bajo las instrucciones y el respaldo de «1A» para otorgar a Saab su primer gran contrato estatal millonario.
- Emanuel Enrique Rubio González y «COD Defendant 3»: Cuyas empresas fachada se utilizaron para recibir fondos fuera de Venezuela.
- Carlos Rolando Liscano Manrique: Identificado como parte del núcleo fundador de la red, participó en el diseño del mecanismo para desviar los fondos del programa social y mover el dinero hacia cuentas en el exterior.
A través de este entramado se desviaron millonarios recursos destinados a la ayuda humanitaria del programa CLAP para el pago de sobreprecios, comisiones y sobornos a la cúpula del régimen. Como consecuencia de esta corrupción, las cajas con comida básica entregadas a la población venezolana llegaban con alimentos vencidos o en mal estado.
Puedes leer: Trump sopesa un cónclave sobre inteligencia artificial durante la visita de Xi Jinping – dehablahispana.com
El frente judicial paralelo: La solicitud de arresto domiciliario de Cilia Flores
De forma paralela al proceso contra Saab, el escenario judicial en Estados Unidos registra avances en el caso contra Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. El juez Alvin Hellerstein programó para el 8 de octubre a las 10:30 de la mañana una audiencia para evaluar la solicitud de arresto domiciliario presentada por su defensa. Durante la comparecencia, el magistrado escuchará los argumentos orales y examinará los informes médicos confidenciales sobre su estado de salud.
La defensa argumenta un deterioro físico y afecciones cardíacas que requerirían tratamiento especializado para solicitar su reclusión en una residencia privada bajo fianza y vigilancia. El pasado 10 de septiembre, el juez ya había emitido una orden que impide la revisión pública del expediente y del historial médico.
El cronograma fijado por el tribunal establece las siguientes fechas clave:
- 23 de septiembre de 2026: Fecha límite para que el Ministerio Público de Estados Unidos presente por escrito sus objeciones al arresto domiciliario.
- 30 de septiembre de 2026: Plazo final para que la defensa de Flores entregue su documento de réplica legal.
- 8 de octubre de 2026: Audiencia oral definitiva ante el juez Alvin Hellerstein.
Redacción equipo DHH.
Más historias
Florida Climate Week™ abre las inscripciones para más de 130 eventos gratuitos en todo el estado
Alex Saab se prepara para cantar la ópera: «Il culpable de lavato di dinero» en Miami
EE.UU.: Zar de la frontera ratifica política de inmigración en la zona del Doral