La cooperación judicial entre Caracas y Washington para Donald Trump ha entrado en una fase que busca desmantelar la antigua estructura de poder chavista. Tras la reciente extradición y traslado a territorio estadounidense del empresario Álvaro Pulido Vargas y del exasesor Alex Saab, las autoridades federales en EE.UU. apuntan ahora hacia dos de las figuras más prominentes del régimen venezolano: el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno.
10/13/2026.
El giro estratégico en la administración de Delcy Rodríguez
El incremento sostenido en las entregas de jerarcas y colaboradores responde a un giro en la política del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Este entendimiento bilateral se enmarca en la hoja de ruta de tres fases trazada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfocada en la estabilización, la recuperación económica y una eventual transición hacia elecciones libres. A cambio del acceso a investigados, documentos financieros y cooperación policial activa, Washington retiró a Rodríguez de las listas de sanciones de la OFAC y reconoció su inmunidad diplomática.
Los objetivos prioritarios de las cortes federales
En esta nueva lista de requeridos, Tareck El Aissami y Maikel Moreno figuran como objetivos inmediatos para los tribunales estadounidenses. El Aissami, exvicepresidente y antiguo hombre fuerte del sector petrolero caído en desgracia tras el escándalo «Pdvsa-Cripto», mantiene una acusación por narcotráfico en EE.UU. desde 2019 con una recompensa activa de 10 millones de dólares. Por su parte, Maikel Moreno es reclamado por cargos de lavado de dinero y recepción de sobornos judiciales, pesando sobre él una oferta de cinco millones de dólares. Ambos ya integraban el cartel de acusados presentado por el Departamento de Justicia en marzo de 2020.
Maniobras legales y tensión en el entorno oficialista
A pesar de las garantías ofrecidas a Washington, la ejecución de estas entregas enfrenta la prohibición explícita de la Constitución venezolana sobre la extradición de sus propios ciudadanos. En los casos anteriores de Saab y Pulido, el Ejecutivo sorteó el escollo alegando su nacionalidad colombiana de origen, lo que abre interrogantes sobre el mecanismo legal que se aplicará a El Aissami y Moreno. En paralelo, fiscales del Ministerio Público venezolano han realizado movimientos de última hora, imputando a El Aissami nuevos delitos por tráfico de material estratégico y legitimación de capitales, al tiempo que se reporta su traslado desde El Rodeo I a una sede de la DGCIM en Fuerte Tiuna. Entretanto, el cerco judicial se estrecha en Brooklyn, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan acusaciones ampliadas que incluyen delitos de conspiración para cometer tortura.
Redacción libre de DHH sobre notas de Bloomberg.com y cibercuba.com
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