La política venezolana vuelve a verse atrapada entre los tiempos de la diplomacia tutelada y la angustia de una gran parte del país que exige soluciones electorales inmediatas. Dinorah Figuera, al frente de la delegación opositora en las negociaciones con el Gobierno venezolano, ha asomado la posibilidad de fijar las elecciones presidenciales para finales de 2027 o inicios de 2028.
10/21/2026. Para justificar semejante prórroga, la dirigente sostiene que el proceso requiere garantías previas: la depuración del Registro Electoral, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como la devolución de las tarjetas electorales a los partidos políticos.
Sin embargo, fijar el horizonte electoral a varios años de distancia evidencia una honda brecha entre la agenda institucional y el sentir de un numero mayoritario ciudadano. Mientras en las mesas de conversación se habla de informes técnicos previstos para diciembre, la gran mayoría del pueblo venezolano demanda un cambio político y elecciones lo antes posible. Esta postergación sistemática genera perplejidad e indignación en sectores de la sociedad civil y en agrupaciones políticas que rechazan la fijación arbitraria de fechas al margen de la Constitución.
El peso de los intereses externos
Para comprender la postura de Dinorah Figuera, es necesario analizar el tablero geopolítico subyacente. Figuera encabeza una representación cuyo marco de actuación se encuentra estrechamente ligado al respaldo estratégico de Washington. No se trata de una agenda concebida orgánicamente desde la presión de las calles venezolanas, sino de una hoja de ruta negociada y ratificada en Washington junto a figuras del Gobierno estadounidense como Marco Rubio.
Al haber sido promovida y respaldada por Estados Unidos como interlocutora en este plan de transición, su actuación responde prioritariamente a los ritmos, cálculos e intereses de la política exterior estadounidense. Washington parece apostar por un proceso de negociación pausado y administrado a cuentagotas, aunque esto implique diferir por años las aspiraciones de soberanía e intermediación directa de los venezolanos, quienes ven cómo las decisiones sobre su futuro se amoldan a despachos extranjeros.
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El choque de agendas: La calle contrapuesta a la mesa de diálogo
El contraste de liderazgos y estrategias en el seno opositor acentúa este estancamiento. Mientras la tercera ronda de diálogo entra en receso sin grandes avances ni acuerdos sustanciales sobre el tema electoral, figuras opositoras como María Corina Machado impulsan movilizaciones de calle para exigir la fijación inmediata de un cronograma electoral definitivo.
Esta divergencia deja al descubierto un dilema de fondo: ¿puede una dirigencia distante, cuya legitimidad depende del visto bueno de la diplomacia estadounidense, encauzar las aspiraciones de un pueblo exhausto? La insistencia en dilatar los plazos hasta 2027 o 2028 corre el riesgo de desmovilizar a la ciudadanía, convirtiendo el derecho al voto no en una conquista democrática urgente, sino en una concesión temporal administrada según los intereses diplomáticos de la potencia dominante.
Redacción equipo DHH.
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