En un operativo desplegado por efectivos policiales fuertemente armados con fusiles automáticos, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, fue arrestado en su vivienda. La captura responde a una investigación iniciada por la Fiscalía por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación criminal en el marco del denominado caso ‘Maletas’.
11/11/2026. El expediente judicial se abrió a finales de 2025, cuando las autoridades descubrieron en el aeropuerto de Santa Cruz decenas de equipajes cargados con marihuana que habían ingresado al país a bordo de un avión privado procedente de Estados Unidos.
Las investigaciones señalaron como la responsable de transportar los bultos a la exdiputada Laura Rojas. Tras decidir colaborar con la justicia, Rojas declaró formalmente que Quezada se valió de su investidura como magistrado para gestionar las facilidades logísticas de su viaje.
Ramificaciones en el alto poder y cerco internacional
El testimonio de la exdiputada salpicó a otras figuras del aparato judicial, entre ellas al entonces fiscal general Roger Mariaca y al presidente del máximo tribunal de justicia ordinaria, Romer Saucedo. Tras hacerse públicas las acusaciones, Saucedo abandonó el país y denunció ser víctima de persecución política.
El arresto de Quezada marca el desenlace de una serie de presiones diplomáticas y judiciales. En octubre, el exjuez se vio obligado a renunciar a su cargo después de que el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa, incluyéndolo en una lista de funcionarios sancionados por nexos con el narcotráfico y la corrupción.
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Estos sucesos ocurren bajo la gestión del presidente centroderechista Rodrigo Paz, cuyo gobierno ha buscado estrechar lazos de cooperación con Washington y se adhirió en marzo al Escudo de las Américas, una alianza regional contra el crimen organizado transnacional liderada por EE.UU..
Redacción DHH sobre lectura de medios.
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