El enfrentamiento político en Bolivia ha alcanzado una tensión sin precedentes tras las severas acusaciones del Gobierno del presidente Rodrigo Paz contra el expresidente Evo Morales, a quien la administración central señala como el presunto líder de una estructura de narcotráfico asentada en el Trópico de Cochabamba.
11/11/2026. Lejos de dar un paso atrás desde su bastión político, Morales reaccionó con contundencia al afirmar que, de ser cierta esa acusación, el propio ministro de Gobierno tendría que actuar como su empleado.
La acusación oficial: Narco-financiamiento y protestas mortales
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, encendió la polémica al declarar públicamente que Morales controla la producción y salida de sustancias controladas desde el Trópico de Cochabamba. La autoridad gubernamental sostuvo que durante los operativos policiales en los bloqueos de carreteras de mayo y junio de 2026 —que se extendieron por 53 días— se detectó el envío de más de ocho millones de bolivianos procedentes de esa zona para sostener las movilizaciones que exigían la dimisión del presidente Paz. Dicho conflicto social, en el que participaron la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas como la federación Tupac Katari, derivó en la muerte de 16 personas, la mayoría por la imposibilidad de recibir atención médica urgente debido a los cortes de ruta.
La contraofensiva de Evo: Apodos y el «fantasma» del caso Marset
En una conferencia de prensa brindada desde el Chapare y flanqueado por dirigentes cocaleros, Morales rechazó enfáticamente los seudónimos atribuibles y arremetió contra Oviedo, sugiriendo irónicamente cambiar el nombre del funcionario a «Narco Antonio Oviedo». El exjefe de Estado devolvió los señalamientos poniendo sobre la mesa el escándalo de la desaparición de seis maletas incautadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, caso por el cual varios exjefes policiales resultaron procesados. Asimismo, Morales hizo referencia a presuntas amenazas dirigidas al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, a quien supuestos sectores del crimen organizado le reclamaban la devolución de dinero, cuestionando la falta de investigaciones sobre estos nexos.
Un complejo escenario judicial y vigilias en el Chapare
Estas acusaciones mutuas se desarrollan en medio de un estricto cerco judicial sobre el exmandatario, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión activas. La primera deriva de una causa penal por alzamiento armado y terrorismo vinculada a la convocatoria de los bloqueos de carreteras. La segunda responde a una investigación por el presunto delito de trata agravada de personas, referente a una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato y la gestación de un hijo en 2016. Para evitar la ejecución de estos arrestos, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, resguardado de manera permanente por grupos de seguidores que mantienen vigilias preventivas.
Redaccion DHH.
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