El periodista Camilo Rodríguez fue victimado a balazos mientras conducía su vehículo pick-up rojo en Santo Domingo de Heredia, con rumbo a San José en Costa Rica. El homicidio fue perpetrado por dos gatilleros vestidos de negro que viajaban a bordo de una motocicleta blanca y lo interceptaron en el camino. A pesar de enfrentar serios riesgos debido a sus constantes denuncias públicas contra el narcotráfico y la corrupción en instituciones públicas, el comunicador transitaba sin escoltas tras haber rechazado los términos del programa de protección a víctimas y testigos, habiendo relajado sus propias medidas de seguridad en los últimos días.

11/16/20206.Tras el suceso, su abogado y amigo, el expolicía Jorge Jiménez Aguilar, reveló que Rodríguez había detectado y documentado vigilancias encubiertas realizadas con vehículos de entidades estatales en las inmediaciones de su residencia.
En una ocasión reciente, el comunicador notó la presencia reiterada de un automóvil sospechoso, anotó la placa y constató que el vehículo figuraba registrado a nombre del Ministerio de Educación Pública (MEP). Según explicó Jiménez, organismos como la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) o fuerzas policiales suelen solicitar vehículos prestados a otros ministerios para efectuar seguimientos encubiertos a personas de interés sin ser identificados por sus flotas oficiales. Rodríguez investigaba temas sensibles e intercambiaba información confidencial con la Policía de Control de Drogas (PCD), el Poder Judicial y agencias internacionales.
Ante la conmoción del caso, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, calificó el crimen como una «mancha contra la libertad de expresión» y manifestó su repudio generalizado. Asimismo, la mandataria instruyó a todas las fuerzas policiales del país a brindar colaboración plena en la investigación judicial para dar con los responsables del homicidio.
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El hecho provocó también una intensa discusión en la Asamblea Legislativa, donde los diputados de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) reaccionaron a los señalamientos de sectores de la oposición. Mientras el jefe de fracción Nogui Acosta y el legislador José Miguel Villalobos argumentaron que se debía defender la libertad de prensa —destacando Villalobos que «a Camilo no lo falleció, a él lo asesinaron» y que matar a un periodista representa un ataque a la libertad de pensamiento—, la diputada Kattia Calvo aseveró que fue víctima del crimen organizado porque «no dejaba muñeco con cabeza» en sus denuncias. Por su parte, la diputada Marta Esquivel indicó que los constantes ataques del comunicador hacia el Poder Judicial «también tienen consecuencias como las que estamos viendo», en tanto otros congresistas oficialistas rechazaron cualquier intento de responsabilizar al Ejecutivo o al oficialismo por el trágico acontecimiento.
Redacción DHH sobre lecturqa de agencias
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