En una de las intervenciones armadas más sangrientas registradas recientemente en Puerto Príncipe, la Policía Nacional de Haití (PNH), apoyada por empresas de seguridad privada y fuerzas internacionales, abatió a al menos 34 presuntos pandilleros en la barriada de Martissant. Este despliegue representa el choque con mayor número de bajas criminales registrado en los últimos años en la capital, mientras la acelerada escalada bélica desencadena crueles represalias contra la población civil indefensa.

11/19/2026. La acción policial del jueves se concentró en el sector de Martissant, al sur de Puerto Príncipe, dirigiéndose contra un refugio clave de la banda Grand Ravine, liderada por Renel Destina, alias «Ti Lapli». Según reportes oficiales e imágenes difundidas, la incursión contó con el ingreso de tres vehículos blindados y ataques con drones que provocaron explosiones en residencias ocupadas por los sospechosos. La estructura de «Ti Lapli», integrada por unos 300 hombres y ligada a la alianza G-Pep, es acusada por Naciones Unidas de cometer secuestros extorsivos, homicidios, violaciones y robos masivos.
En el operativo participó la denominada Task Force de la compañía militar privada Vectus Global, fundada por el estadounidense Erik Prince, además de reportarse la posible presencia de soldados salvadoreños en el área. Las autoridades haitianas advirtieron que el saldo de fallecidos podría incrementarse debido a que las operaciones continúan activas.
El despliegue de Bukele y la fragmentación militar
El mapa de la crisis haitiana cambió sustancialmente tras el envío de más de 2.000 soldados salvadoreños ordenado por el presidente Nayib Bukele. La movilización militar salvadoreña se desencadenó tras la emboscada y desaparición, el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, de cuatro de sus efectivos pertenecientes a la Misión de Supresión de Pandillas (GSF) de la ONU, cuyo vehículo fue hallado calcinado semanas después.
Desde su arribo, las tropas de El Salvador —desplegadas con blindados y perros robóticos— han tomado puntos estratégicos como la subcomisaría de Portail Léogâne, la central eléctrica nacional (EDH) y el estadio Sylvio Cator. Asimismo, Bukele ha difundido ataques aéreos desde helicópteros que destruyeron el «cuartel general» de la banda 400 Mawozo y la mansión del jefe de la coalición Viv Ansanm, Jeff Gwo Lwa. Pese a que los gobiernos de Haití y El Salvador respaldaron formalmente un acuerdo de cooperación, informes de organismos como el International Crisis Group advierten que la falta de un mando unificado entre las fuerzas salvadoreñas y las misiones internacionales añade mayor fragmentación al saturado escenario de seguridad.
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Brutal represalia criminal contra civiles
A la par de las demostraciones de apoyo popular a las tropas salvadoreñas en las calles de Puerto Príncipe, la violencia contra los habitantes de la capital se ha tornado aún más letal. Medios locales denunciaron el asesinato de al menos diez jóvenes en el distrito de Croix-des-Bouquets a manos de integrantes de las pandillas.
Las víctimas fueron ejecutadas «a sangre fría» luego de que los pandilleros revisaran sus teléfonos celulares y descubrieran fotografías o videos mostrando simpatía o respaldo a Nayib Bukele y a las tropas salvadoreñas. Analistas internacionales señalan que esta escalada responde a una cruenta dinámica de «gobernanza criminal», donde los grupos armados imponen castigos públicos a supuestos informantes y la población civil queda expuesta al terror una vez que las fuerzas militares se retiran de las zonas intervenidas.
Redacción equipo DHH con ayuda de IA.
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