6 países copian las cárceles de Bukele, pero el milagro no viene incluido

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Siete países ya han anunciado megaprisiones, pero los resultados en seguridad todavía no acompañan al modelo salvadoreño. Los expertos advierten que lo que más se replica es la imagen.

11/21/2026. La imagen de reos rapados, tatuados y apretados en celdas de concreto ha dejado de ser una postal salvadoreña. Desde 2023, Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala han presentado o iniciado proyectos de megacárceles, y en total suman al menos 16 propuestas. La pregunta de fondo es si la región está importando una solución o solo un espectáculo político.

El modelo original: resultados y costos

El punto de partida es contundente. Bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, El Salvador acumula al menos 96.457 detenidos acusados de vínculos con pandillas, y su tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025. Esa caída ha convertido a Nayib Bukele en referente para gobiernos de toda la región.

Pero la factura aparece en otro lado. Organizaciones humanitarias han documentado más de 6.400 denuncias de abusos y 570 muertes de personas bajo custodia estatal. El mismo informe de la UCA citado por Primicias señala que el hacinamiento carcelario llega al 261%.

Hay además señales de ajuste. Bukele reconoció que se liberó a unas 8.000 personas capturadas bajo el régimen de excepción y en octubre anunció que estudia conceder libertad condicional a una parte de los más de 90.000 detenidos. Cristosal, una de las organizaciones que más ha denunciado detenciones de inocentes, interpretó el anuncio como una admisión velada del error, aunque expresada en un lenguaje confuso. Todo ocurre mientras Bukele prevé buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027.

Quién ha copiado qué

Costa Rica fue el caso más reciente y simbólico. La presidenta Laura Fernández inauguró el Cacco, una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 reclusos inspirada en el Cecot. Días después recorrió el propio Cecot en El Salvador. El proyecto abrió además un choque con el sistema judicial: Fernández dijo que a algunos magistrados, fiscales y jueces «les duele» ver un modelo de mano dura en el país.

Ecuador fue el primero en concretar la idea. La Cárcel del Encuentro costó 52 millones de dólares y tiene capacidad para 800 reos. Los resultados, sin embargo, son modestos. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, un 32% más que el año anterior. Para este año, el Ministerio del Interior reportó 2.778 homicidios entre enero y abril, frente a 3.150 en el mismo periodo de 2025. Entre tanto, el país acumula cerca de 900 días bajo algún régimen de excepción desde que Noboa llegó al poder, y en noviembre renovó por 30 días el estado de excepción en ocho provincias.

Honduras da un giro de ida y vuelta. Nasry Asfura había anticipado que pondría fin al estado de excepción de su antecesora, pero ocho meses después evalúa retomarlo en ciertos municipios. Además, el Congreso aprobó penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y el Gobierno proyecta una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño.

Chile reproduce la puesta en escena. José Antonio Kast visitó el Cecot antes de asumir y en agosto trasladó a 298 presos de máxima seguridad a la cárcel La Laguna. Aun así, su gobierno no priorizará por ahora construir una cárcel de máxima seguridad, una de sus promesas de campaña. Un exministro de Justicia recordó que el régimen especial de máxima seguridad y los uniformes ya estaban implementados o contemplados antes del cambio de gobierno.

Colombia muestra la distancia entre el anuncio y la realidad. Abelardo de la Espriella prometió construir diez megacárceles, pero la primera, Renacer, es una obra iniciada en 2020, durante el gobierno de Iván Duque, que todavía no está terminada. Tendrá capacidad para 1.974 personas y un avance cercano al 86%.

Perú, bajo Keiko Fujimori, optó por una vía intermedia: declaró emergencia por 60 días en cinco penales de alta peligrosidad y desplegó militares en el perímetro de tres de ellos. El desafío es enorme, porque el país tiene más de 100.000 presos en cárceles con capacidad para unos 40.000.

Qué significa para la región

Una réplica difícil. El politólogo Robert Muggah, del Instituto Igarapé, advierte sobre la escala: replicar la tasa de encarcelamiento salvadoreña implicaría meter presos a cerca de un millón de personas en un país como Colombia y a unos cuatro millones en Brasil. El periodista Michael Reid considera que la propuesta de seguridad de Bukele es difícil de trasladar a Colombia.

Imagen más que sustancia. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, lo que realmente se ha copiado es la estética y la narrativa, el endurecimiento de penas y las megacárceles, sin que esas medidas parezcan haber reducido la violencia en esos países. InSight Crime coincide en parte: muchas iniciativas siguen en etapa de propuesta o construcción y funcionan más como gestos políticos que como cambios sustanciales.

Riesgos institucionales. HRW advierte que replicar el modelo conlleva riesgos de detenciones arbitrarias y vulneraciones legales. Muggah señala que el peligro de los estados de excepción es que se vuelvan una forma permanente de gobernar.

Un mapa político desigual. Los analistas del CIDOB advierten que hablar de un giro regional a la derecha es arriesgado, porque las elecciones de 2026 fueron muy reñidas y los candidatos no son equiparables.

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Lo que viene

Para quienes lo defienden, el modelo ofrece algo que pocos gobiernos pueden mostrar: una reducción drástica de la violencia en poco tiempo, con un apoyo ciudadano que las encuestas reflejan en varios países. Para quienes lo critican, esa promesa viaja sin sus garantías judiciales y sin las condiciones que hicieron posible el caso salvadoreño. En los próximos meses se medirá si Renacer, el Cacco o los nuevos planes de Honduras y Perú cambian los números de violencia o si siguen siendo, sobre todo, una forma de mostrar autoridad.

Redacción DHH con ayuda de IA.

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